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Vulneración del Estado de derecho

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Claudio Faúndez Becerra

Abogado

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Jaime Mañalich

Director, IPSUSS

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Carta de Claudio Faúndez Becerra

30 junio 2015

Señor Mañalich:

La crisis en la que está sumido el mundo político es sin duda muy profunda. Tanto que las sombras amenazan con alcanzar a la mismísima Presidencia. Ante esto surgen diversas voces que se manifiestan en los más diversos sentidos. Uno de los más preocupantes, a mi parecer, es aquel que usted propone y que consiste ni más ni menos en alcanzar un acuerdo general, que implique que a la Presidencia no se la pueda tocar. Lo que se buscaría es evitar la deslegitimación de la figura presidencial, circunstancia que, según le oí decir, nos mandaría a “la cresta” y nos sumiría en una crisis incontrolable.

Ante tal propuesta, calificada por Saffirio como “mafiosa” en el mismo panel donde usted manifestó tal idea, no queda más que sorprenderse ante la errada idea de que es una determinada figura dentro de nuestra institucionalidad la que proporciona estabilidad o certezas ante una crisis.

En efecto, uno de los conceptos en que se fundan todas las democracias del mundo es el de Estado de derecho. Como debiera usted saber, atendido que ejerció un alto cargo público en el gobierno de Sebastián Piñera, Estado de derecho significa que el Estado se encuentra sometido a un ordenamiento jurídico, el cual viene a ser la expresión auténtica de la idea de derecho vigente en la sociedad. Entre las bases del Estado de derecho se encuentra la legalidad de la administración y la responsabilidad de las autoridades, sea penal, civil, administrativa o política (estos conceptos se encuentran a un clic de distancia, en la página de la Biblioteca del Congreso Nacional). A lo anterior se agrega que el imperio de la ley alcanza a todos, tanto a gobernantes como a gobernados.

Así las cosas, la insólita propuesta por usted formulada parece, a mi juicio, simplemente un atentado a las bases mismas del Estado de derecho, toda vez que, como ha quedado demostrado y como la gran mayoría de los tratadistas sostiene, nadie puede sustraerse a la aplicación de la ley. Esto es, si usted o yo cometemos algún ilícito, es la ley la que debe ser aplicada en toda su extensión, conforme las reglas que el Estado de derecho fija para todos los habitantes de una república.

Las consecuencias de dejarnos llevar por su propuesta no sólo atenta contra el ordenamiento jurídico, sino que también atenta contra las bases mismas de nuestra sociedad; ¿qué exigencia puede hacérsele al ciudadano común respecto al cumplimiento de la ley, si es la autoridad misma la que, a través de un acuerdo político, puede quedar impune frente a cualquier tipo de ilícitos? Recuerde usted que es precisamente la autoridad la primera llamada a dar estricto cumplimiento a las normas legales; un mínimo de justicia exigiría que a cada ciudadano se le dé la posibilidad de ser eximido de responsabilidad ante un incumplimiento legal; y eso sí que sería trágico para el orden social.

Además, en tiempos de crisis como los que vivimos (y no de una crisis cualquiera), la sola propuesta que usted formula le hace un flaco favor a la desprestigiada clase política de nuestro país. ¿Qué impide que el trabajador o trabajadora que siente que sus derechos a diario son conculcados, piense que nuevamente los políticos van a acordar su propia amnistía? Porque eso es lo que en definitiva usted propone: que la derecha y la izquierda salgan indemnes, a salvo de las sanciones que nuestro Estado de derecho establece. Y esto implica un acuerdo espurio, digno de mafiosos, como dijo Saffirio, donde los que violan la ley son los mismos que luego se otorgan perdonazos.

Le propongo, Sr. Mañalich, cambiar el discurso por uno que sea más digno de lo que nuestro país, hoy por hoy, exige: evitemos la deslegitimación del Estado de derecho; es esta institución la que debe ser protegida, porque es la única que otorga a la ciudadanía certezas de que los delincuentes no nos gobernarán.

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Carta de Jaime Mañalich

02 julio 2015

Estimado Sr. Faúndez:

Agradezco su interés por mis comentarios vertidos en el contexto del programa de TV Estado Nacional del pasado 21 de junio. Como señala, manifesté mi preocupación por la profunda crisis política que vive el país, y que no puede ser vista como un problema de cúpulas partidarias, sino como una situación que afecta a todos los chilenos en su vida diaria. Si cae el empleo, si no se pude cotizar para salud y pensión (como un millón de compatriotas, que teniendo ingresos para hacerlo, prefirió este año abstenerse de cotizar), si la inflación aumenta, si la escuela donde va mi hijo debe cerrar, si la universidad donde está matriculada otra hija se interviene, si no puedo salir a la calle por temor; todo ello manifiesta políticas públicas de acción u omisión que tocan a todos.

Como señalé en el programa, Chile se ha caracterizado por un sistema de gobierno muy dependiente de la Presidencia de la República. Hoy, la democracia representativa está en un proceso de deslegitimación de consecuencias no previsibles. Ello se debe a dos factores: por una parte, el descrédito de los representantes elegidos cada cuatro años; y por otra, la posibilidad real de hacer un ejercicio más directo de la expresión popular gracias a la tecnología (redes sociales), encuestas y manifestaciones ciudadanas en lo que llamamos genéricamente “la calle”.

Esperando comprenda que no tengo las competencias suficientes en el área de su profesión, en rigor, lo que define a un Estado de derecho es la sujeción de la actuación —y el ejercicio del poder— del propio Estado al imperio del derecho, de modo tal que se trata de un Estado jurídicamente autolimitado. La experiencia con formas de derecho particulares, sea justicia militar, derecho canónico u otros, ha demostrado ser débil a la hora de precaver precisamente a los más débiles. Estas controversias siempre deberían ser resueltas en el ámbito de la justicia ordinaria, común para todos.

La disyuntiva planteada en el programa es la siguiente: hay una pregunta latente sobre la legitimidad de la campaña que llevó al poder a la actual mandataria. Ella ha señalado no haber conocido ni tener responsabilidad sobre ninguna irregularidad que pueda haberse cometido, y la Fiscalía está en pleno proceso de aclarar quiénes sí podrían haberla tenido en algún mecanismo de financiamiento irregular o directamente doloso. La Justicia decidirá.

¿Hay manera de saber hoy si la Presidenta ha faltado a la verdad? ¿Está esta pregunta en proceso de investigación? La respuesta que nos damos es un categórico no. Y en este contexto, mantener a La Moneda como campo minado en que unos opinan de una manera y otros de otra, es riesgoso para nuestra democracia y nuestro futuro. Se requiere un pacto político. La alternativa no es auspiciosa. ¿Queremos que la amenaza de renuncia se materialice? ¿Y después qué?

Desde nuestro lejano país parecemos no percibir las amenazas que se ciñen sobre nosotros: cambio climático con hambre y enfermedad para millones, reaparición de la tensión nuclear, re-emergencia de enfermedades prácticamente erradicadas, terrorismo a escalas no vistas, pobreza cada vez más acuciante. Y un poco más cerca, una Latinoamérica estancada, temas limítrofes pendientes, países asolados por la corrupción y el narcotráfico. Y aún más cerca, no hay inversión, el desempleo está subestimado, la capacidad lectora de los niños cae, la crispación de todos los sectores se manifiesta con violencia, la delincuencia es creciente y los recursos no alcanzan para financiar lo comprometido.

En este contexto, y si el 21 de mayo no existió el gesto que la ciudadanía esperaba, debemos aceptar que la Presidenta no sabía, y empujar hacia adelante. En el resto, la Justicia está haciendo su trabajo y, hasta donde sé, nadie ha presentado ante esa instancia, la única que corresponde, un requerimiento para investigar lo que es solo un rumor. Un principio esencial de justicia es la presunción de inocencia. Me he permitido señalar que resulta conveniente que ese privilegio alcance también a la presidenta de la República.

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Carta de Claudio Faúndez Becerra

07 julio 2015

Estimado señor Mañalich:

¿Entonces, es la impunidad la que nos garantiza que el caos no se produzca? No lo creo; las reglas están dadas y se ponen en el caso de vacancia del cargo (artículo 29 de la Constitución). Tantas veces se clama porque dejen a las instituciones funcionar y, sin embargo, aparecen propuestas como la que da origen a este intercambio de misivas que apuntan precisamente a lo contrario. No se viene el caos, se viene lo que dice la Constitución; nada más ni nada menos.

¿A qué me refiero? A las reglas dadas. A mi parecer, debemos atenernos sin dudas a las reglas fijadas, es lo mínimo que los ciudadanos de a pie exigimos. Parte usted de una premisa oscura, catastrófica: la sola renuncia de un presidente ocasionaría un desastre en nuestro país. Se pregunta qué pasaría después; pues bien, pasaría lo que dice el artículo 29 de la Carta Fundamental, esto es, se pone en movimiento un mecanismo constitucional que nos lleva a una práctica sumamente democrática: elecciones.

Por cierto, en caso alguno pongo en duda la presunción de inocencia que recae en la presidenta de la República; lo que abomino es la insinuación de que por medio de la impunidad podamos evitar caer en el caos que usted avizora en el horizonte. La pérdida de confianza en estos días es extrema y eso genera caos; la legitimidad prácticamente no existe y eso genera caos. Aferrarse al poder desesperadamente genera caos. Porque, en definitiva, esa propuesta de impunidad (que no me cabe duda está siendo amasada en todos los sectores políticos hoy por hoy) viene a ser la expresión del sentir de un sector que ve en los mecanismos constitucionales una posibilidad cierta de perder el control; cualquiera podrá apreciar que el ambiente presenta las condiciones ideales para el surgimiento de nuevos liderazgos, en todos los niveles, a los que les vendría muy bien poder acceder a la competencia eleccionaria lo antes posible. Entonces, creo yo, a la política tradicional le complica un escenario así, y es ahí donde su propuesta le viene bien a izquierdas y derechas tradicionales, a fin de hacer vista gorda, en caso de ser necesario, y continuar por la misma senda seguida durante más de veinte años. Porque, claramente, una vez que se instala la impunidad allá en lo alto del poder, los que siguen condicionarán su silencio a la circunstancia de acceder también a esa impunidad. En otras palabras: si usted se calla, me callo yo.

Alude usted, por último, a negros augurios planetarios, los cuales, si se miran con atención, obedecen al mismo argumento utilizado en otros países y circunstancias, pero que ha resultado efectivo: el miedo. Mientras más asustada la ciudadanía, más se tenderá al inmovilismo y menos cambios se producirán. Todo debe seguir igual para que no nos pase nada, parece decir con sus argumentos. Otros dirán, de manera más sofisticada, que hay que cambiar todo para que todo siga igual; y para esto es esencial no perder el poder, el control. En ambos casos es imprescindible contar con personajes dispuestos a lograr incluso el acuerdo de saltarse el Estado de derecho, en caso de ser necesario.

Así las cosas, la pregunta del millón es: ¿se puede sostener una sociedad en una situación de impunidad permanente? La respuesta es negativa, evidentemente. Como esbocé más arriba, la impunidad tiene las características de una enfermedad contagiosa, que se extiende con la rapidez del más eficaz y eficiente virus, descomponiendo la estructura social y llevándola al colapso. Es por eso que la propuesta que usted formula, y en la que ha insistido en otras apariciones públicas, me parece extremadamente peligrosa, porque nos lleva directamente al caos (ese que usted tanto teme). La transparencia debe ser tal que (aunque parezca de perogrullo) permita ver totalmente lo que ocurre en el mundo público; cualquier otra cosa se presta para “arreglines” de todo tipo (la oportunidad hace al ladrón, según dicen), incluidos los que dicen relación con la impunidad.

En suma, estimado señor Mañalich, el único resultado posible de aceptar una propuesta como la suya es el de llevarnos directamente a una situación que nadie quiere, de proporciones insospechadas o equivocadamente aquilatadas. Me quedo con el Estado de derecho por lejos.

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Carta de Jaime Mañalich

09 julio 2015

Estimado señor Faúndez:

Agradezco la oportunidad de mantener abierto este interesante debate sobre la eventual responsabilidad de la presidenta de la República en supuestos ilícitos relacionados con el financiamiento de la política en Chile. Quisiera restar de su última respuesta todo lo adjetivo e ir a lo sustantivo. Mi posición es una sola y simple. Se ha levantado un manto de duda sobre la legitimidad del proceso de financiamiento que llevó a que doña Michelle Bachelet ganara en segunda vuelta la elección presidencial de 2014. Esta duda es hoy más que razonable, sobre todo en lo que se refiere al período eufemísticamente denominado de “pre-campaña”, figura no permitida en nuestro ordenamiento. La Fiscalía está en pleno proceso de investigación sobre esta materia; pero, a la luz de las evidencias filtradas y de las declaraciones del ex director de Impuestos Internos, que acusa al ex ministro del Interior, Sr. Rodrigo Peñailillo, de haber cometido delitos, pareciera que al final se conocerá la verdad y se aplicarán las sanciones penales que corresponden. Es un esfuerzo valiente, que habla bien de nuestro sistema judicial, y para el que nadie puede proponer impunidad, como usted sugiere que yo habría dicho. Tampoco esta labor puede traducirse como generadora de caos. Son, como usted dice, nada más ni nada menos que las normas que nos hemos dado.

La información entregada hasta ahora por acusadores, testigos e inculpados, incluso por la propia Presidenta, es que ella no tenía conocimiento de estos manejos y, por lo tanto, no habría complicidad. Si usted como abogado tiene evidencias distintas, debería hacerlo notar formalmente, o el Parlamento, en su rol fiscalizador, podría presentar una acusación constitucional. Si no es el caso, y nadie tiene información seria que contradiga lo afirmado respecto a la Mandataria, corresponde asumir que se ha dicho la verdad. Esto que usted describe como “insinuación de impunidad” es, en realidad, una propuesta indecente. Como profesional del derecho usted sabe que la presunción de inocencia es válida hasta que no se pruebe culpabilidad mediante un juicio. Aquí ni siquiera hay denuncia.

Evidentemente, que un presidente de la República deje el cargo antes de completar su período, por las razones que sea, es una crisis de graves proporciones; y la Constitución provee mecanismos para superarla. Sin embargo, y humildemente, ya que solo sé de medicina, me permito corregir un aspecto de su respuesta. Solo habría elecciones populares para elegir a quien completara el período presidencial, es decir hasta marzo de 2018, si la inhabilidad para ejercer la presidencia sobreviniera antes del 11 de noviembre del año en curso. Si ocurriera después, quien completara el período no sería elegido mediante elecciones, sino por simple mayoría del Congreso pleno. Usted utiliza reiteradamente la palabra caos en su respuesta. Si bien elegir un presidente de la República a través de este último mecanismo, para una duración de dos años y cuatro meses, está apegado estrictamente a la Constitución, el eco de la palabra “caos” no deja de retumbar en la cabeza al considerar la evaluación pública que hoy día tiene la labor parlamentaria.

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Carta de Claudio Faúndez Becerra

15 julio 2015

El debate propuesto no está referido a lo que usted señala, respecto a que yo haya afirmado o sugerido siquiera que la Presidenta esté involucrada en algún ilícito. Como ya señalé en una misiva anterior, la presunción de inocencia no está en duda y la sostengo como el que más.

Sin embargo, mi objeción apunta a lo sugerido por usted, en cuanto a guardar silencio respecto a un tema que ocupa y preocupa a prácticamente todo nuestro país. Sin duda que la justicia debe actuar, y si existen antecedentes que apunten hacia quien sea, se deben aplicar las consecuencias legales establecidas.

El punto está en que usted propone impunidad, en la forma y en el fondo. Solicita dejar de hablar de un tema sensible para evitar la temida crisis. Y claro: sin crisis no hay cambio. Para las crisis es que se elabora un sistema de normas que se utiliza en situaciones de rara o difícil ocurrencia (como lo es la falta de presidente), sin que esto signifique que dejemos de hablar sobre el tema. ¿Puede alguien pensar siquiera que, a estas alturas de la información que manejamos, algún ciudadano no haya tomado posición sobre el mismo? Sin embargo, usted propone dejar de hablar sobre éste.

Lo que señala respecto de los tiempos es cierto (podríamos entrar al detalle, pero no es el propósito de este debate), dependiendo del momento en que se produjera la vacancia se daría el escenario de elecciones populares o parlamentarias para elegir al sucesor de un presidente que deja el cargo. Coincido plenamente que la última circunstancia es más delicada, ya que la clase política que ocupa puestos en el Congreso no goza precisamente de legitimidad. Pero de ahí a afirmar que el abandono del cargo sea una “crisis de graves proporciones” es simplemente exagerado. Me parece que el discurso de personas que gozan de cierta visibilidad en el mundo político no debe estar orientado a generar miedo en la población. Es, por ejemplo, lo que pasaba con el debate en torno al divorcio, donde los detractores pronosticaban caóticas consecuencias en la familia; nuestra sociedad estaba poco menos que condenada al individualismo y a la destrucción total del núcleo familiar. Nada de eso ocurrió. Es lo que pasa hoy con la reforma laboral, en que cualquier cambio acarrea gravísimas consecuencias en el empleo, perjudicando, obviamente, a los trabajadores. Así, es mejor no mover nada para que todo se mantenga y las tragedias no caigan sobre nuestras vidas.

Insisto en corregir el punto del debate: no dudo de la inocencia de la Presidenta; es usted el que sugiere lo contrario al pretender poner un manto de silencio sobre un tema que atañe a todos, sin excepción. Mientras más se hable de ello y se despejen las dudas, mucho mejor. Lo que sostengo es que este tipo de propuestas indecentes deben ser desterradas de la práctica política; de lo contrario, y como dije anteriormente, todos los que ocupan cargos sensibles (en mayor o menor medida) querrán acogerse a este silencio que lleva sólo a la impunidad. Y ésa sí es una crisis de la mayor gravedad, porque es saltarse el Estado de derecho y, me imagino que usted coincidirá conmigo, las crisis que conducen al caos son las que precisamente hacen eso: saltarse el Estado de derecho.

2 Comentarios

  1. Sr. Faúndez:

    En el ajedrez era costumbre avisar la amenaza de la dama. Se decía “jaque dama” o simplemente “dama”. Hoy, esta pieza, que se valora en diez peones, puede ser comida sin aviso. No obstante, el jugador inexperto siempre debe tener cuidado, el apuro puede precipitarlo en la celada del gambito de dama; una estrategia que bien concebida puede entregar el triunfo al opositor debido al canje de piezas por un valor superior en posición. Un espectador podría considerar que lo que está en curso es una original táctica ofensiva; y no, como lo que está a la vista, una categórica derrota por la caída, una por una, de las defensas del rey. Observe, Sr. Faúndez, que en esta parodia de nuestra presente situación política, Ud. bien sabe a quién correspondería la dama, y que el rey, bien puede asimilarse a su mentado Estado de derecho.

    1. Sr. Cortázar, interesante mirada; entiendo la lógica estratégica detrás de la propuesta que critico en mi carta. Sin embargo, mi mirada de la política excede el mero plano estratégico. En el ajedrez, como ocurre con el Estado de derecho, existe un marco regulatorio, existen reglas (de otro modo no se podría jugar); tanto las negras como las blancas están sometidas a esas reglas. Queda claro que si el rey fuera movido tres casillas en una sola movida, el jugador que incurre en esa irregularidad pierde el partido. Lo de Mañalich equivale a decir: “Mire, hizo una movida ilegal, pero no importa…, sigamos jugando”. Insisto, entiendo que se trata de un movimiento estratégico, pero de lo que yo hablo es de que juguemos sin tener que mover el rey más de una casilla, que es lo que corresponde.

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