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Una arbitraria privación de la libertad

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Isabel Arriagada

Abogada. Magíster en Sociología, Universidad Católica. Cursa el Doctorado en Sociología, Universidad de Minnesota.

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José Antonio Gómez

Ministro de Defensa. Ex ministro de Justicia

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Carta de Isabel Arriagada

24 noviembre 2015

Honorable ministro Gómez:

Quisiera invitarlo a través de este medio a dialogar sobre una situación particularmente grave que tuvo lugar cuando usted era ministro de Justicia. Se trata de la masiva denegación de libertad a cientos de internos durante los años 2014 y 2015.

Como usted bien recordará, la Ley 19.856 concede el derecho de rebaja de condena a los reclusos que presentan una conducta sobresaliente. Quienes asisten a la escuela, participan de talleres y demuestran su espíritu participativo tienen legalmente el derecho a reducir su tiempo de encierro.

La dictación de esta ley, en la que usted mismo participó como ministro de Justicia el año 2003, tuvo por objeto promover la buena conducta, generar mejores perspectivas de reinserción social y evitar la reincidencia delictual. Desde su dictación hasta el año 2014, la ley tuvo una aplicación continua y exitosa.

Entiendo que, una vez que usted asumiera como ministro, decidió alterar el procedimiento legal de esta normativa y aplicó una política de estricto análisis de los antecedentes penales. Para explicarle mejor esta situación al lector, usted les ordenó a los funcionarios del Ministerio de Justicia que, luego de que recibieran el informe redactado por la Comisión de Beneficio de Reducción de Condena (organismo competente para calificar la conducta de los internos), ejecutaran una doble revisión e identificaran los casos que, a su juicio, incumplían los requisitos para considerar el comportamiento de un interno como sobresaliente. Usted dio la instrucción, pese a que no se contempla este procedimiento en ningún artículo de la ley ni del reglamento de la misma.

Esta política de doble revisión de antecedentes tuvo dos consecuencias: primero, el retardo injustificado en la liberación de quienes tenían todos sus antecedentes en regla; segundo, la aplicación de exigencias adicionales y, por lo tanto, la denegación del derecho a personas cuya libertad había sido previamente autorizada por la Comisión. Varias organizaciones estatales (como la Defensoría Penal Pública) y de la sociedad civil (entre ellas, ONG Leasur, a la cual pertenezco) interpusieron acciones de amparo ante las Cortes de Apelaciones y Suprema por esta ilegítima privación de libertad. Como usted sabe, no se trató de un par de días de retraso, sino de hasta ocho meses de encierro injustificado.

Las Cortes abiertamente declararon que el Ministerio había actuado de manera ilegal y arbitraria. Los mismos tribunales de justicia, llamados a aplicar e interpretar la ley, sentenciaron una y otra vez que la privación de libertad de estas personas constituía una situación manifiestamente ilegal. Es preocupante que, luego de haber recibido las instrucciones de las Cortes, el Ministerio no dictara inmediatamente el decreto de liberación de todos estos internos. ¿Por qué si la Corte Suprema ordenó su liberación, su cartera no ejecutó esta orden a la brevedad?, ¿bajo qué fundamento el Ministerio decidió persistir con esta denegación de libertad masiva? De acuerdo con la prensa, usted se encontraba enterado de los fallos de los tribunales superiores de justicia. ¿Decidieron sus funcionarios entonces continuar con este proceso al margen de la ley? Y la pregunta de fondo: ¿Por qué impedir la libertad de personas que contaban con claros antecedentes de resocialización?

A mi entender, esta situación da cuenta de la relación instrumental que existe entre la política y la cárcel. Según entiendo, usted trató de prevenir situaciones de reincidencia y conectarse con un supuesto sentimiento público de impunidad. Me permito aquí disentir de las acciones que llevó a cabo para alcanzar estos propósitos. En primer lugar, prevenir la reincidencia en gran medida depende de evitar la pena privativa de libertad y promover medidas alternativas. En segundo lugar, no creo que esté en manos del Ministerio de Justicia eliminar el sentimiento público de impunidad, sino en manos de una política interinstitucional destinada a entregar oportunidades y justicia a la sociedad.

Finalmente, este giro punitivo de su mandato me sorprende, sobre todo por su pasado como gestor de la reforma procesal penal, conocida por su vocación liberal y garantista. Usted también fue miembro de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura y, durante su anterior ministerio, el año 2002 se derogó la pena de muerte en Chile. No puedo terminar de explicarme esta incongruencia entre su pasado como defensor de los derechos humanos y las decisiones que tomó mientras fue ministro de Justicia bajo la actual administración. Ojalá usted pueda darnos respuesta a estas inquietudes.

Se despide respetuosamente,

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Carta de José Antonio Gómez

26 noviembre 2015

El ministro Gómez se negó a participar en el presente debate.

2 Comentarios

  1. Algunas precisiones jurídicas: primero, la opinión de rebaja de la comisión no es obligatoria para el ministro, así lo informó la misma Corte Suprema cuando se tramitaba la ley que la creó y lo demuestra el que, si hubiera sido obligatoria, debería haber tenido mayor quórum y pasar por el TC, lo que no pasó, que ahora la CS opine distinto, es otra cosa; segundo, en varios casos, la CS tuvo que reconocer que la comisión se había equivocado por recomendar el beneficio a condenados a los que no les correspondía; tercero, la columnista no explica la laxitud de los criterios de las comisiones a la hora de evaluar los requisitos para los beneficios.

  2. Algo que realmente me sorprende es que los ministros se nieguen a responder las preguntas que la gente (mejor digamos sus pagadores de sueldos) hacen. Es un deber de ellos el contestar las preguntas y participar en este intercambio, ellos no son una casta especial. Es la segunda vez que veo un minitro negándose a participar, y me parece muy mal. El Mostrador debería exponerlos mas abiertamente y sin temores.

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