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Un nuevo régimen político para Chile: Semipresidencialismo

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Rodrigo García Márquez

Abogado. Concejal por Providencia

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Rafael Gumucio Rivas

Profesor de Historia

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Carta de Rodrigo García Márquez

03 septiembre 2015

Haciendo propicio el anhelo de muchos chilenos que piden una nueva Constitución, sería conveniente, amén del procedimiento para llevarla a cabo, señalar qué aspectos esenciales debiera contener su texto. Y es allí donde me parece que sería trascendente instalar la idea de modificar la institucionalidad política que desde hace muchos decenios nos rige. Específicamente, me refiero al sistema presidencial que, consagrado en la Constitución de 1925 —vigente hasta el 11 de septiembre de 1973— confirió a los presidentes de la República facultades omnímodas. La de 1980, impuesta por el régimen militar, reafirmó una nítida supremacía del jefe del Estado sobre los demás poderes —Legislativo y Judicial— y, en general, sobre la nación entera. En contextos históricos diferentes, la del 25 puso término al régimen semiparlamentario de la Constitución de 1833, cuyos efectos sobre la gobernabilidad a esa altura resultaban nocivos, principalmente por la “rotativa ministerial”, al disponer el Congreso de la facultad de censurar al gabinete.

Ahora, sin embargo, en prácticamente todos los países en que impera la democracia representativa como sistema de gobierno, las agrupaciones y corrientes políticas, por diversas causas, han entrado en crisis, siendo gravemente cuestionadas por su falta de representatividad, lo que se ha traducido en un alejamiento de la ciudadanía de la política y de su dirigencia, y lo que es aún peor: la abstención. La no participación creciente debilita la democracia y deja la puerta semiabierta para el populismo o aventuras políticas de diferente envergadura. En la última elección presidencial, la presidenta Bachelet obtuvo un 60% de la votación, pero si más de la mitad de los chilenos se abstuvo de participar, en términos reales su apoyo (sin referirnos a los bajos niveles actuales) nunca sobrepasó el 30%. Es decir, en su cenit, tuvo menos respaldo que Salvador Allende en las horas de su derrocamiento, pues ni en medio de la grave crisis que vivíamos su apoyo bajó —en la peor estimación— del 40%. Cabe recordar que en marzo de 1973, la Unidad Popular obtuvo en la votación parlamentaria el 43,4% de los votos a nivel nacional. De allí entonces, y con la finalidad de evitar que los mandatarios de mañana vivan acosados y angustiados por las encuestas y, en definitiva, terminen gobernando para las mediciones y no para el futuro, sería de la mayor conveniencia explorar la posibilidad de sustituir el actual régimen presidencial por uno semipresidencial, creando la figura del Primer ministro. Lo dicho, sin atentar con el carácter unitario del Estado chileno, ni similitudes con el federalismo.

Inspirándonos en el modelo francés —con las adecuaciones pertinentes— podríamos reservar al presidente de la República la designación del Primer ministro, el que, para asumir su cargo y nombrar al resto del gabinete, deberá necesariamente contar con la mayoría absoluta de los integrantes de la Cámara de Diputados, rama legislativa que contaría con tal atribución. Asimismo, podría censurar al gabinete, lo que obligaría al Primer ministro a presentar su dimisión. Entonces, el Presidente encargaría a un líder político de mayoría la formación de un nuevo gobierno.

El presidente de la República sería el jefe de las Fuerzas Armadas y dirigiría de manera exclusiva las relaciones exteriores de la República nombrando embajadores y agentes diplomáticos. Asimismo, podría al menos una vez durante su mandato disolver la Cámara de Diputados, llamando a nuevas elecciones. Al ser el Presidente el jefe de las Fuerzas Armadas, se suprimirían los cargos de comandantes en jefe de las tres ramas de la defensa nacional, pues el Primer mandatario sería el comandante en jefe de todas ellas, tal y cual acontece en los Estados Unidos y naciones europeas, en que los cargos máximos de generales y almirantes son los de jefe del Estado Mayor.

En fin, existen una serie de innovaciones que excederían esta columna, como por ejemplo las atribuciones del Senado, institución que soy de parecer de preservar, y la forma de elección de sus integrantes. Se trata de instalar la discusión acerca de su conveniencia o no, máxime cuando en los días que corren muchos claman por una nueva Constitución, mas sin decir para qué, sin indicar siquiera cuáles serían los aspectos o temas que deberían incorporarse o suprimirse.

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Carta de Rafael Gumucio Rivas

03 septiembre 2015

En Chile, tanto el parlamentarismo como el presidencialismo son productos híbridos, es decir, muy lejanos de los modelos norteamericanos y europeos: el presidencialismo no tiene contrapeso en el Congreso y el parlamentarismo carece de partidos políticos fuertes e ideológicos, salvo en el caso de la lucha llamada “teológica”, que impuso el Estado docente. Si se exceptúa a conservadores y radicales, los liberales democráticos y, posteriormente, los demócratas fluctúan entre los dos extremos; por lo demás, no ha existido aquí la institución del Primer ministro, ni la disolución de las Cámaras, elementos claves del parlamentarismo.

En lo que respecta al sistema electoral, este era limitado y en extremo oligárquico: el presidente de la República era elegido en forma indirecta y el Parlamento distorsionado por el cohecho. Con razón, Manuel Rivas Vicuña, “Portalito”, el cronista más connotado de la época, nos cuenta que, en 1911, Alberto Edwards, un diputado bastante autoritario, propuso dividir el país en pequeños distritos, y que en cada uno de ellos se eligieran dos diputados. Este es el precedente del binominalismo. Para Julio Heisse, el parlamentarismo es la expresión más perfecta del gobierno representativo de la burguesía, y no podía ser de otra manera, pues rotos y siúticos, como les decían en la época, eran sólo sujetos de cohecho.

Alberto Edwards, el de La fronda aristocrática, era un nacionalista —al igual que Francisco Antonio Encina y Tancredo Pinochet— que despreciaba la República parlamentaria llamándola “la República veneciana”, un régimen de casta gris y palaciego. Edwards terminó haciendo apología del bonapartismo militar de Carlos Ibáñez del Campo, de quien fue su ministro.

El presidencialismo chileno surgió de una alianza cívico-militar. Es bueno recordar que la Constitución de 1925 fue aprobada por un golpe, en la mesa del inspector de Ejército Navarrete. Por lo demás, en el plebiscito de 1925 predominaron las abstenciones sobre los votos a favor. Poco a poco, el presidencialismo se fue transformando en monarquía presidencial. Juan Antonio Ríos, Gabriel González Videla, Carlos Ibáñez y Eduardo Frei Montalva impusieron sendas reformas que restaron facultades al Congreso, como por ejemplo, al instaurar la exclusividad de la iniciativa del Ejecutivo en los proyectos de Ley que impliquen gastos fiscales; al generar leyes restrictivas de las garantías constitucionales, como la Ley de Defensa de la Democracia, la Ley de Seguridad Interior del Estado y el Estado de sitio; al establecer para sí la potestad de disolver el Congreso; al imponer un sistema de urgencias y de suma urgencias en el calendario legislativo.

Podría decirse que más que colegislador, el presidente de la República tenía las llaves del funcionamiento del Congreso. Es cierto que esta aberración fue morigerada por los tres tercios en que se dividía la política chilena —derecha, izquierda y centro— y el carácter minoritario de algunas de las combinaciones que eligieron Presidente, lo que exigía pactos políticos; fue gracias a esta realidad que la derecha, que casi nunca ganó la Presidencia de la República, pudo ser parte del Gobierno de coalición en una especie de cohabitación. El triunfo de la Democracia Cristiana en 1965 la convirtió en un partido mayoritario, con más del 40% y ochenta diputados; fue así cómo logró centrar el debate político en las fracciones del partido (rebeldes, terceristas y oficialistas). De haberse aprobado la segunda vuelta, el carácter monárquico del sistema político habría sido mucho más radical, pues el Presidente habría contado con el 50% más uno de los votos.

Respecto a los sistemas electorales, el famoso sistema proporcional, de cifras repartidoras, basado en el sistema matemático del belga D´Hont, distorsionaba el sufragio popular a favor de los partidos mayoritarios. Sólo así se explica el alto porcentaje de la DC en 1965.

En conclusión, en una democracia madura, de predominio civil, es inaceptable un sistema monárquico, presidencialista, surgido del bonapartismo militar, razón por la cual no se puede llamar democracia a un régimen político emanado de una Constitución cívico-militar e insanablemente autoritaria. Como base para una nueva Constitución habría que considerar las actas del Grupo de Estudios Constitucionales o G24, que representa fielmente el consenso de los sectores democráticos. Un régimen de democracia directa no existe hoy en América Latina en estado puro, pero muchas Constituciones incorporan los plebiscitos revocatorios, la iniciativa popular en los proyectos de Ley y organizaciones barriales y locales, por lo que es perfectamente posible congeniar un semipresidencialismo similar al francés o portugués a estas formas de participación ciudadana. Pero ni el presidencialismo monárquico ni el parlamentarismo oligárquico constituyen soluciones para Chile.

17 Comentarios

  1. Si aplicamos la posibilidad del fusible como salida a la crisis del régimen político, en el caso del presidencialismo no existe, pues los ministros son secretarios remisibles a su gusto por el monarca presidente.
    En el semipresidencialismo y parlamentarismo basta con sacar al primer ministro.
    Es muy cierto que es difícil explicar a los ciudadanos que la constitución influye en cómo come, se levanta y vive el día a día. En 1891, el debate constitucional era cosa de futres. El pueblo fue carne de cañón. El partido demócrata se dividió en dos: Poumpin murió junto a los futres en Lo Cañas, y Malaquías Concha Con Balmaceda.

  2. Un rey tonto y abusador como Juan Carlos abdicó y nada pasó. El presidente de Alemania delinquió y renunció y nada pasó. En el presidencialismo, en ambos casos, hay guerra civil o se derrumba toda la estantería. En Chile, el 10% de los parlamentarios son sindicados por los fiscales y nada se puede hacer, no sólo por el fuero, sino porque emanan de la soberanía popular. La soberanía popular es puesta en cuestión por la democracia bancaria, en el mundo no votan los ciudadanos, sino la troica.
    Da lo mismo que la Presidenta sea elegida por el 60% o sólo el 25%, si consideramos el universo electoral, a la abstención es muy difícil darle el significado de rechazo al régimen político.

  3. El parlamentarismo es monista: el Ejecutivo y el Legislativo residen en el parlamento, cuyas mayorías ponen y sacan primeros ministros.
    El monarca presidente es a la vez jefe de Estado, jefe de Gobierno y jefe de la mayoría que lo elogio y gobierna con él. Es imposible congeniar el jefe de Estado con el jefe de la mayoría o minoría de Gobierno. Representa a todos los chileno o a los que lo apoyan.
    Allende dijo la verdad al sostener que representaba solo a sus partidarios.

  4. Perico de los Palotes: Es cierto, la soberanía redice en la nación y los ciudadano eligen a su monarca presidente cada 4 años. Es un rey o reina electiva.
    El presidente de Chile tiene más facultades que los gobernadores coloniales y los reyes borbónicos.

  5. Todos tienen la razón y nadie la tiene. El proceso que vivimos no nos permite ver el bosque. El régimen político no está en crisis. Sigue funcionando igual que siempre. Lo que pasa es que se desvaneció el velo que ocultaba sus cimientos: es un sistema diseñado para el gobierno de la oligarquía, la que se va a encargar de calmar las aguas en una movida gatopardista de la gran unidad nacional.

  6. Estimado señor Molina: El régimen político no soluciona ninguna crisis de representación, pero sí da salida a esta con un primer ministro que sale cuando pierde la mayoría parlamentaria sin caer el gobierno. Los ministros son fusibles.

  7. Independientes del régimen que eventualmente diseñemos, y de las normas sancionatorias a los conflictos valóricos, pienso que continuaremos observando una baja representatividad si no existen los mecanismos de información que permitan empoderar al propietario genuino del poder. Si no, ¿cómo lo ejerce?

  8. Y entonces, independiente del régimen político, que creo hay que analizar de manera crítica, hay que fortalecer los mecanismos que permitan el escrutinio público, de modo tal que la ciudadanía pueda informarse y luego expresarse. Transparencia, transparencia y más transparencia. Hemos avanzado mucho en estos, pero falta aún más. Transparentar financiamientos, aportes, votaciones, asistencias, rendiciones de cuentas de gastos y dietas, para la clase política. Transparentar el mundo municipal, al igual que la administración pública. Y entre otros frentes, además, el financiamiento de los medios de comunicación y periodistas.

  9. La caída actual de la legitimidad de la élite política ha pasado por el financiamiento de las campañas políticas, y esa materia no es otra cosa que un escrutinio moral respecto de la función de servicio público. Y soy preciso en señalar “moral” y no ético, pues la clase política creó su propio ethos, consideró normal, aceptable y necesaria esa conducta, y el cuestionamiento quedó relegado a la necesidad de disponer de más recursos. Luego, ¿era necesario acceder a más recursos? Quizás, para instalar más “palomas”, más pintado de muros y fachadas, más carteles colgando de los postes de alumbrado público, etc. Pero esos mecanismo ¿son necesarios? Tengo mis serias dudas.

  10. Si la problemática es la representatividad, en mi opinión el tema no pasa necesariamente por reformular el régimen político. Puede ayudar por cierto. Hay que analizar, al menos brevemente, por qué observamos niveles tan bajos de participación ciudadana.

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