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Sobre los orígenes de la corrupción política en Chile

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Alejandro Ancalao R.

Magister (C), Instituto de Historia, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Becario, PUCV

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Rafael Gumucio Rivas

Profesor de Historia

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Carta de Alejandro Ancalao R.

29 febrero 2016

Estimado Rafael:

Quería compartir con usted algunas reflexiones sobre los orígenes de la corrupción política en Chile con el deseo de invitarlo a ofrecer su visión al respecto. Tal vez podamos entablar un debate que eche algunas luces sobre esta problemática.

Parto sosteniendo que el ejercicio del poder, especialmente el poder político, conlleva la gran tentación de enriquecerse y, al parecer, nuestra clase política ha caído de forma estrepitosa en esta tentación, viéndose envuelta en un abismo de ilícitos, tergiversaciones, fraudes o, llanamente, robo al erario público, coludiéndose, además, con la clase empresarial.

La historiografía quizás pueda ayudarnos un poco a mostrarnos cómo la clase política ha ido cayendo en un espiral de corrupción desde el siglo XIX en adelante.

Si bien es cierto que durante los primeros decenios de formación del Estado, entre 1810 y 1860, la política fue relativamente honesta, debido principalmente a la existencia de códigos políticos basados en la legislación indiana dictada por la Corona española (con instituciones legales como el Juicio de Residencia a las autoridades, ministros visitadores, rotación en los cargos, etc.), así como también a la permanencia de la Contaduría Mayor de Cuentas del Reyno de Chile (fundada en 1768) que, como antecesora del Tribunal de Cuentas de la República y de la Contraloría General de la República, siempre supuso una supervigilancia a los actos administrativos y económicos del Estado; también es necesario sopesar un cierto espíritu de “nobleza obliga”, basado en la tradición católica, que ha perdurado históricamente en casi toda la clase política chilena hasta el siglo XXI, y que logró que los negocios del Estado se trataran con relativa trasparencia. Lamentablemente, la tradición es algo que el dinero no toma en cuenta.

A partir de 1860, y debido a la influencia liberal inglesa, especialmente a los negocios en el pujante Valparaíso y la naciente explotación salitrera, se fue destruyendo la ética pública existente. La corrupción fue instalándose como práctica habitual entre la clase política, misma que controlaba el poder económico, cultural y religioso del Estado. Ya no se trataba simplemente de obtener ganancias a través de impuestos para el Estado para así concretar el proyecto moderno/industrializador. Con el salitre y los negocios derivados de éste (incluida la Guerra del Pacífico), la clase política comenzó a involucrarse cada vez más en negocios que la llevaron a enriquecerse ilícitamente (famoso es el caso del “señor Z”, a quien se le pagaban 1.500 libras esterlinas y que no era otro que Isidoro Zegers, político y, a la vez, abogado de la compañía de J.T. North).

La tragedia ética a partir de 1860 (con el presidente José Joaquín Pérez) comenzó a roer la clase política: se despidieron a los funcionarios de carrera y comenzó la repartición de cargos públicos entre correligionarios, pagando favores políticos y buscando acomodar los objetivos del Estado a los intereses particulares. La Guerra Civil de 1891 no es otra cosa que la intromisión del presidente Balmaceda en los negocios particulares, intentando desmontar la compleja red de corrupción del Congreso con los negocios ingleses y la reacción de éstos frente a tal intromisión.

Desde 1891 en adelante no hubo marcha atrás. Los militares y políticos triunfantes de la Guerra Civil decantaron en una corrupción generalizada, tanto de la élite política/económica como de la naciente clase media que ingresó a la burocracia del Estado. La decadencia de la clase política corrupta y los problemas sociales llevaron a la descomposición de los lazos sociales. Aún así, esta nueva tragedia nacional, profundizada por él período de crisis institucional provocada por la pugna entre Arturo Alessandri y Carlos Ibáñez del Campo, que fue aún más trágica debido a la crisis de 1929, llevó a que la clase política cayera nuevamente en otro profundo abismo de descrédito y rechazo social.

Increíblemente, entre 1939 y 1950 la clase política se hizo nuevamente con el control del Estado y de los negocios públicos. Fue una pequeña época en que el Estado recuperó el rol que le correspondía, además de las facultades que se le entregó a la Contraloría General de la República que permitió que la tradicional clase política enmendará el rumbo, principalmente por el miedo que generaban los movimientos sociales ante sus privilegios. Pero este pequeño interregno duró sólo, como decía, hasta 1950.

Los cambios sociales, las transformaciones estructurales que el país requería, la desintegración de la cohesión social debido a los enfrentamientos políticos durante los años 70, que culminaron en la horrible y traumática dictadura de Pinochet y sus secuaces, vio nacer una nueva forma de corrupción política empresarial.

Durante esos diecisiete años, una pequeña porción de chilenos comenzó un proceso de corrupción similar al de 1860. Se adueñaron de empresas públicas, instalaron un modelo económico apropiado para sus negocios, utilizaron el poder de las armas para instaurar su negocios monopólicos. En la dictadura encontramos el origen de la profunda clase corrupta que gobierna hoy a los chilenos. Los grandes conglomerados económicos que manejan las AFP, las Isapres, los centros comerciales, la radio, la televisión, los diarios, las universidades públicas y privadas (porque, aunque el señor rector de la PUC quiera hacernos creer que es una universidad con orientación pública y con vocación cristiana y social, todos los chilenos sabemos que es una universidad privada con fin de lucro, con excelencia académica dada por los miles de millones que recibe y maneja, tanto del mismo Estado como de donaciones privadas, desde donde viene el núcleo más profundo de la clase económica corrupta que maneja los negocios públicos y privados), se transformaron, en imagen y semejanza, en la clase económica que corrompió a la clase política del siglo XIX.

Nos hicieron creer que la alegría ya vendría. A sujetos nobles, políticamente interesados en sacar a la dictadura, con ideas de participación y desarrollo equitativo, flagrantemente nos mintieron y engañaron. Desde Patricio Aylwin se comenzó a pactar con los militares y los transformaron en intocables (recordemos el episodio de los “Pinocheques” y el posterior Ejercicio de Enlace en 1990).

Así como los militares se transformaron en intocables, la clase empresarial comenzó a comprar favores políticos a diestra y siniestra. Durante los años de Aylwin, Frei, Lagos, Bachelet, Piñera y nuevamente Bachelet, los empresarios se aliaron a los políticos (o mejor dicho, los políticos se arrimaron como mendigos a los empresarios) y comenzaron a entregar su honestidad y sus votos en la Cámara y en el Senado a cambios de transferencias bancarias, de efectivo y de puestos en los directorios de las mismas empresas.

Durante los últimos dos años nos hemos enterado de cómo políticos de derecha, de centro y de izquierda nos han mentido, nos han robado y, además, se han vendido a empresarios. No son solamente los casos Penta, Soquimich, Corpesca, Caval; es también cómo empresas se coluden entre ellas y reciben sanciones irrisorias de parte de jueces con un extraño sentido de la justicia. Se trata de cómo la izquierda chilena, con su discurso de transformaciones sociales, ha propugnado y se ha familiarizado con la clase empresarial y ha terminado jugando el mismo juego que la derecha. La legitimidad de los partidos políticos está cada vez más en entredicho. No hay ciudadano chileno que no se sienta asqueado de ver el desfile de servidores y de funcionarios públicos investigados por fraude, cohecho y corrupción. Desde la política al fútbol, desde la presidenta de la República hasta las secretarías de los parlamentarios están siendo investigadas. Los chilenos estamos esperando que la Presidenta por fin asuma su error y falta de prolijidad como un rasgo de nobleza, que la clase política asuma sus flagrantes delitos de corrupción, de tráfico de influencias, y que la Justicia comience a dictar verdaderas penas a estos delitos y no simplemente clases de ética. Chile no merece esta clase política corrupta que nos intenta idiotizar con pequeñeces. O quizás si la merecemos, por permitirles seguir manteniendo sus privilegios, elevados sueldos, fueros y derechos de nobleza.

Espero atento su respuesta.

Le saluda cordialmente,

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Carta de Rafael Gumucio Rivas

02 marzo 2016

Estimado Alejandro:

La frase de lord Acton (“El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente”) no puede ser más adecuada: donde hay poder, siempre hay corrupción pues, en esencia, son términos gemelos. Cuando Emiliano Zapata y Pancho Villa conquistaron la Ciudad de México, Villa le ofreció a Zapata sentarse en la silla presidencial, pero el líder campesino se negó aduciendo que “en el trono se sienta un hombre bueno y sale un hombre malo, e incluso, corrupto”.

El historiador Francisco Antonio Encina, según Gonzalo Vial, sostenía que las acusaciones de corrupción en la República parlamentaria (1891-1925) eran más chismes y malquerencias que verdades. El mito del Chile probo durante el siglo XIX es una invención de los historiadores conservadores que, en muchos casos, ha sido repetida por historiadores liberales y hasta por los socialistas.

A Encina le gustaba pintar al ministro Diego Portales como un político probo y pobre, quien carecía del dinero necesario para abastecerse de cigarros, sin tener en cuenta que se había hecho millonario a costa del Estado mediante la empresa monopólica del estanco del tabaco —con ese dinero había financiado la subversión de los primos Joaquín Prieto y Manuel Bulnes contra los pipiolos—.

El historiador Gabriel Salazar ha demostrado el carácter dictatorial de Portales, tarea que había comenzado el notable liberal José Victorino Lastarria, para quien Portales, a diferencia de Francisco Antonio Encina y Alberto Edwards, el líder de la “República pelucona”, lejos de ser un comerciante probo, inauguró la saga que mezcla negocios y política, es decir, quien convirtió al Estado en coto de caza personal.

Es cierto que el grado de corrupción política está relacionado con la riqueza que un Estado ostenta. En el caso chileno, una vez conquistadas las provincias de Tarapacá y Antofagasta, Chile pasó de ser un país pobre y pequeño a uno inmenso, y poseedor además del nitrato, que antes de la guerra perteneciera a Bolivia y Perú.

El líder radical Enrique Mac Iver pronunció un discurso, en el Ateneo de Santiago, sobre la crisis moral de la República y empezaba reconociendo que “no somos felices, pues adquirimos un caramelo envenenado, traído de los corruptos países del norte”. En el fondo, ese caramelo había enriquecido a los plutócratas, pero terminado por corromper las costumbres de este pueblo de vascos sobrios y ahorrativos.

El profesor Alejandro Venegas, en sus cartas a Pedro Montt, sostiene la misma tesis del líder radical Mac Iver, pero esta vez criticaba ácidamente a la oligarquía y a los partidos políticos de la República parlamentaria.

El profesor Venegas fue el primero que planteó la tesis de que una conspiración del capital inglés, fundamentalmente dirigida por el especulador John Thomas North, sumado a la oligarquía del Congreso, se había erigido contra el presidente José Manuel Balmaceda, quien defendía las riquezas del salitre y atacaba el enclave inglés, enclave que terminaría por apropiarse de las provincias de Tarapacá y Antofagasta.

Las obras de los historiadores Hernán Ramírez Necochea y Julio César Jovet son muy conocidas, y sólo me limito a recordar que probaron, documentalmente, que North tenía un fondo especial para corromper políticos, periodistas y agentes de gobierno, y que sirvió para comprar a liberales, como Julio Zegers; radicales, como los hermanos Mac Iver; conservadores, como los Walker Martínez. El historiador inglés Harold Blakemore refuta la tesis de estos historiadores sosteniendo que el monopolio de North tenía como competencia a la Casa Gibbs, que había adquirido los servicios como abogado del liberal Eulogio Altamirano. Así, el monopolio se había transformado en un duopolio de ingleses.

La República oligárquica, es decir, el presidencialismo degenerado que había surgido después de la Guerra Civil de 1891, radicalizó al máximo la relación entre política y negocios, hasta convertirlos en una verdadera amalgama. Según Alberto Edwards, el cargo de regidor costaba 500 mil pesos; el de diputado, un millón; el de senador, un millón quinientos mil. Para tener un cargo era necesario poseer una hacienda o, mejor aún, un banco.

En el período parlamentario, los congresistas no tenían ningún reparo en defender sus intereses desde los escaños de la Cámara o del Senado; la gran fuente de riqueza de los parlamentarios era, además de ser banqueros, ser abogados de las oficinas salitreras, o bien, haber obtenido gratuitamente del fisco grandes extensiones de tierra en la Araucanía, la Patagonia o el extremo austral.

Cuenta el historiador Gonzalo Vial que el presidente Germán Riesco, ante la quiebra del banco que él mismo dirigía, le pidió a su sucesor, Pedro Montt, que lo salvara por medio de dineros fiscales. Afortunadamente, el Presidente no se prestó, en este caso, para el fraude. Por su parte, el ministro del Interior de Montt, Rafael Sotomayor —responsable de la matanza de Santa María de Iquique— se había convertido en el heredero del millonario minero Matías Granja, cuya empresa estaba a punto de caer en la bancarrota. Este ministro, mostrando un gran cinismo, pidió un crédito al Banco de Chile abalado por el Estado para salvar la oficina minera de su amigo Granja.

Para la oligarquía parlamentaria el cohecho no constituía delito alguno, pues era nada más que un correctivo frente al funesto sufragio universal que hacía valer igual el voto del “roto” y el del “caballero” —nada mejor que dar a los pobres, al menos en el día de las elecciones, una empanada con vino tinto—. Manuel Rivas Vicuña, en su libro Historia política y parlamentaria, comentaba que cuando se ponían de acuerdo los oligarcas y se hacían innecesarias las elecciones los campesinos reclamaban porque nadie les “compraba” su conciencia, así fuera con un vaso de vino y una empanada. Manuel Rivas escribía en 1938: “El régimen electoral estaba completamente podrido. La elección no dependía de los electores, sino de la mayoría de las municipalidades que organizaban el poder electoral. La cuestión era obtener la mayoría en las juntas receptoras de sufragios y contar con una persona para cambiar el resultado de la elección si no les era favorable”.

Don Arturo Alessandri Palma, quien en 1920 se convirtió en el tribuno de la plebe, también fue acusado de corrupto pues, según algunos de sus colegas en la Cámara, se había enriquecido cuando era abogado de oficinas salitreras, incluso decían que su casa de la Alameda había sido comprada con dinero mal habido. En algún momento, don Arturo le confesó al diputado conservador Rafael Luis Gumucio Vergara que había gente que lo acusaba de ladrón, y el diputado Gumucio le respondió que no se preocupara, pues a él todo el mundo le decía cojo. Justamente, Gumucio era cojo de nacimiento.

La corrupción había llegado a tal grado que a los amigos de Alessandri los llamaban “la execrable camarilla”. Desgraciadamente, como casi siempre ocurre en estas situaciones, llegaron los cirujanos militares con la preconcebida idea de sanear la República para terminar aplicando el “termocauterio por arriba y por abajo” (Carlos Ibáñez), o bien, pretender “extirpar el cáncer marxista” (Gustavo Leigh). Nada peor para un país que una dictadura militar se instale en el poder, pues estos personajes saben muy bien de robar y asesinar mil veces mejor que cualquier oligarquía, por muy corrupta que sea. Basta leer la historia universal para ver lo que ocurre cuando la fuerza se impone a la razón.

El escándalo del cohecho durante el período parlamentario llegó a tal nivel que el diplomático Marcial Martínez propuso, según Gonzalo Vial, que el Estado, con dineros del erario público, cohechara a los parlamentarios para, de esta manera, evitar el saqueo de ejércitos particulares, o que por último, si esta estrategia no resultaba, el Estado cohechara directamente a los electores.

Como en la actualidad, los cargos de las reparticiones públicas se repartían entre los partidos: los radicales tenían el monopolio de los profesores fiscales; los liberales democráticos balmacedistas, los jueces; los conservadores, la jerarquía eclesiástica; los liberales, los altos puestos en la administración pública; incluso los demócratas, que antes representaban a las clases populares, una vez que comenzaron a formar parte del Gobierno, se transformaron en los ávidos buscadores de cargos fiscales —su jefe, Malaquías Concha, declaraba que era muy difícil dejar contentos a sus militantes—.

Durante el presidencialismo, de 1925 a 1938, se mantuvo el cohecho, y el pueblo soberano fue permanentemente defraudado. Se hizo necesario impulsar una reforma revolucionaria para la época, como fue la instauración de la cédula única, para terminar, al menos, con la desfachatez con la cual la oligarquía compraba la conciencia de los electores. En la actualidad, el cohecho es más sutil e inteligente: se hace a punta de bonos, favores, acuerdos de reformas con los empresarios. En fin, los cargos tienen un valor en dinero muy similar al que describía Alberto Edwards respecto a la República parlamentaria.

Estimado colega Alejandro, la tesis de que la corrupción está íntimamente relacionada con el poder es un hecho comprobado a través de la historia. Si intentamos graduar la corrupción (no en todos los casos y épocas es igual), no cabe duda de que se desarrolla con mayor facilidad y menor control en las épocas donde el predominio de las plutocracias es incontrarrestable. Así ha ocurrido en nuestra historia de 1891 a 1925, y desde la dictadura militar instaurada en 1973 hasta nuestros días. En consecuencia, si hay plutocracias y castas políticas alejadas de la sociedad civil, de seguro habrá mayor corrupción. Siempre es preciso tener presente aquella sentencia de Max Weber en el sentido de que el político “pacta con el Diablo”, pues tiene que entenderse con el poder que siempre es fuerza y coerción, sea legítima o ilegítima, en consecuencia, “no se dedique a la política si piensa que va a encontrar la salvación en ella”.

Con mi aprecio de siempre,

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Carta de Alejandro Ancalao R.

14 marzo 2016

Estimado Rafael:

Agradezco su respuesta. En ella plantea interesantes argumentos históricos para poder comprender lo que usted no duda en calificar de términos gemelos: poder y corrupción. Pero también plantea un tema bastante interesante en cuanto a la construcción historiográfica de la política en Chile y del papel del historiador frente a los problemas de investigación de la corrupción.

De acuerdo a Philippe Braud, en todas las sociedades existen individuos que ejercen el poder de dictar las reglas, ya sea de forma delegada o recurriendo a la fuerza. Obviamente, la última opción parece ser la más recurrente: los mecanismos por los que se ejerce el poder violento aseguran la mejor forma de hacerse del Estado o de fundar una nueva forma de Estado, hecha al gusto y conveniencia propia.

Para Hannah Arendt, existen momentos donde surge el poder y donde también aparecen sistemas políticos que terminan destruyendo todas las tradiciones sociales, legales o políticas de un país en pos de sus propios beneficios y prerrogativas. Para Arendt, los sistemas políticos de este tipo tienden a ser unipartidistas, puesto que permiten manipular las instituciones (que son nada más que una tibia carcaza); pero lo más común son los sistemas políticos de coalición, que permiten fingir una alternancia en el poder.

Es cierto que el poder debería recelar de los negocios, en especial cuando en éstos están involucrados agentes estatales y políticos, y sobre todo cuando los negocios públicos o privados terminan perteneciendo a un pequeño grupo con intereses económicos a nivel nacional. Curiosamente, el capitalismo moderno ha permitido que los negocios públicos y privados se mezclen y se configuren de tal forma que la línea que los separa desde hace mucho tiempo sea franqueable de ambos lados y difícil de dilucidar a simple vista. Los negocios del Estado chileno son a la vez de un pequeño grupo de empresarios que logró crear esa nueva institucionalidad por la vía violenta y transformar la jurisprudencia para sus fines económicos e ideológicos, y que, aunque los orígenes de esta manipulación estatal/política/económica están en la dictadura cívico-militar, también han sido promovidas y refrendadas por los gobiernos de la Concertación, como lo hizo el gran prócer empresarial Ricardo Lagos en el año 2003, que eliminó la pena de cárcel para los delitos de colusión al modificar la Ley Nº 19.911.

No es nuevo que los negocios privados hayan corrido ansiosamente tras el poder político en Chile (¿o acaso Diego Portales no representa al empresariado que necesita del poder para continuar sus negocios de forma tranquila y sin intervenciones de otros?). Aunque, más bien, se trataría de una suerte de monopolio político/económico de las élites que ha perdurado desde el siglo XVIII hasta el siglo XXI.

Cualesquiera que sean las razones que ha tenido la clase empresarial para acechar el poder político, nos queda la idea de que siempre ha intentado acercarse a aquellos que controlan el Estado, ya sea comprando a legisladores, ministros o presidentes, a fin de mantener privilegios y beneficios. El capitalismo moderno atrae con una fuerza inmensa a los políticos. En Chile, esta cercanía entre la clase política y los empresarios ha orientado muchas de las acciones políticas del Estado, en particular si pensamos en los volúmenes de inversión pública en los siglos XIX y XX. Inclusive, los empresarios han nombrado legisladores, ministros y hasta presidentes de la Republica (como Jorge Alessandri Rodríguez). Y no hablamos de los últimos casos de corrupción que se están investigando, porque desde los años 80, época en la que el poder militar podía ocupar a su antojo los recursos públicos, invirtiendo en lo que quisieran o abultando sus cuentas personales a través de diferentes formas de lavado de dinero, al mismo tiempo que Pinochet ingresaba dinero fiscal a sus cuentas en otros países o utilizaba la nueva institucionalidad para crear organismos como Cema Chile para traspasar miles de dólares a su propia esposa o a los generales que traficaban armas a zonas en guerra, como Croacia. La corrupción político-económica dictatorial se transformó en corrupción político-económica en la democracia concertacionista (casos de desvíos de dineros desde el Ministerio de Obras Públicas para pagar campañas políticas, los sobresueldos a los mismos funcionarios, indemnizaciones pagadas a empresas ligadas a ex ministros, los casos de Indap, Corfo, Correos de Chile, Esval, Sence, Aduanas, Ferrocarriles del Estado, etc.). Se pueden contabilizar 282 procesos judiciales, entre 1983 y 2003, que afectaban a organismos públicos y agentes políticos, desde ministros y subsecretarios hasta presidentes de partidos políticos. Es lo que Patricio Orellana Vargas llama una “ideología de la corrupción” refiriéndose a las declaraciones del entonces diputado Jorge Schaulson, de Gonzalo Martner y Edgardo Boeninger que asumieron que los partidos políticos en Chile se estaban financiando con recursos públicos a través de falsos estudios y proyectos. Nada nuevo bajo el sol.

Si bien se asumió en esa época que el poder político estaba involucrado en casos de corrupción dentro del Estado, hoy ha faltado la sinceridad de la clase política en su totalidad para reconocer que los empresarios le han pagado millonarias sumas para fabricar leyes a su antojo (Longueira, Orpis y el caso Corpesca no es sino una versión moderna de J. T. North pagando a diputados y senadores para favorecer sus inversiones), y así como en el siglo XIX existió un fondo para sobornar a los políticos para favorecer el Ferrocarril Salitrero (en 1897, los directores de la Compañía del Ferrocarril Salitrero iniciaron una investigación para determinar porqué se habían pagado cien mil libras esterlinas a políticos chilenos desde las arcas de la compañía, pagos autorizados directamente por J. T. North), es por lo que debemos tener claro que esta relación entre poder y corrupción es tan antigua como el Estado chileno.

Otro punto interesante en su carta, Rafael, es el trabajo de la historiografía acerca de casos donde la corrupción ha estado presente. No es mi intención detenerme en los casos en que se demuestra cómo el poder político y la corrupción son hermanos inseparables, pero sí me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre cómo los historiadores chilenos se han preocupado o no de este asunto.

El principal asunto de la historiografía en el siglo XX es que se ideologizó de tal manera que muchos de los problemas históricos fueron utilizados para justificar o denunciar ideologías enfrentadas. El ejemplo que usted entrega de los trabajos de Jobet y Ramírez Necochea nos muestra esa epifanía teórica que Gabriel Salazar anuncia sobre el compromiso social de la historiografía marxista del siglo XX, pero que terminó relegada a números, series estadísticas y análisis cuantitativos más que a entregar respuestas a los graves problemas por los que atravesaba la sociedad chilena a mediados del siglo XX, así como Gonzalo Vial terminó intentando justificar históricamente lo injustificable.

El problema de la historiografía, al remover los problemas políticos y sociales que trae consigo la corrupción política, se debe principalmente a que aquella del siglo XIX y principios del XX ha sido una aliada política, escrita por historiadores de la élite mutados en defensores de procesos políticos más que como investigadores de una disciplina en construcción, y que acabaron conformando una historia oficial a la defensiva para poder legitimar la obra de Portales como el gran empresario devenido en político.

El problema de los historiadores desde 1932 en adelante radica en que los espacios de debate o de investigación han estado centrados en algunos procesos específicos y, por ello, el estudio de la corrupción política ha sido marginal.

Es deber de los historiadores denunciar. No solamente denunciar aquellos procesos políticos tergiversados o mal investigados por asuntos ideológicos, sino también denunciar a través de la investigación, del trabajo en las salas de clases y en cualquier espacio las formas en que la política y los empresarios se han apropiado del Estado y de los recursos públicos. Es un asunto que no puede ser reducido a producir obras de investigación destinadas al consumo y rápida desaparición. Es un asunto ético en el trabajo del historiador, porque es nuestra la misión de crear espacios públicos y políticos (políticos en el sentido del estar y pensarse juntos, los unos con otros en lo diverso, es decir, la capacidad humana de poder vivir con el otro y para el otro) que permitan discutir las formas de superar este duopolio perjudicial entre poder y corrupción, y dar un sentido real a la política verdadera, no al desencantamiento generalizado que existe sobre nuestra clase política y empresarial.

Saludos fraternos

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Carta de Rafael Gumucio Rivas

18 marzo 2016

Estimado Alejandro:

Muy de acuerdo con tu apreciación de que la base de la corrupción está en el poder. Por mi parte, quisiera agregar que no ha habido nunca objetividad en la historia —cada historiador interpreta un fenómeno, un problema y un período en base a la clase social a la cual pertenece, a la ideología que sustenta sus creencias y convicciones y a las ideas en boga de la época en que escribe—.

El mito de la probidad política en el Chile del siglo XIX, no sólo se debe a la idolatría del legado de Diego Portales, concebida por el historiador Alberto Edwards, quien usando terminología spengleriana sostenía que este famoso ministro —primero de José Tomás Ovalle y luego de Joaquín Prieto— era nada menos que el constructor del “Estado en forma”. Este mito fue seguido por Francisco Antonio Encina, que no hizo más que plagiar a Alberto Edwards, agregándole —con respecto a la personalidad de Portales— una serie de ditirambos literarios que, bien comprendidos, causan hilaridad. Por ejemplo, la peregrina idea de que la “genialidad” de Diego Portales vendría directamente de sus antepasados, los Borgia, particularmente de César Borgia, quien fuera considerado por Maquiavelo como uno de los inspiradores de su obra El príncipe.

Encina, historiador del “piduco”, no sólo plagió a Edwards, sino que también a José Toribio Medina, a Diego Barros Arana y a Nicolás Palacios —autor de la obra La raza chilena—. Basta leer, así sea superficialmente, los veinte tomos de la Historia de Chile para ver cuán impregnada de racismo y clasismo está la famosa “historia genética” al describir la mal llamada “pacificación de la Araucanía”, que no fue otra cosa que una verdadera masacre contra el pueblo mapuche.

No hay que engañarse: el mito portaliano no ha sido sólo monopolizado por los historiadores conservadores; desgraciadamente, también ha sido propagado por liberales como Diego Barros Arana y, sobre todo, en el siglo XIX, por Benjamín Vicuña Mackenna. Con mucha razón, José Victorino Lastarria reconvino al autor de Los girondinos chilenos, Vicuña Mackenna, por el absurdo panegírico dedicado a un tirano que tanto mal hizo a Chile.

El historiador Mario Góngora corrige esta falsa versión de Portales en su Ensayo histórico sobre la noción de Estado en los siglos XIX y XX, describiendo a Diego Portales como un dictador y no como el fundador del Estado en forma, como lo pinta, de manera exagerada, Albero Edwards.

Los mitos en la historia son muy potentes, por lo que cuesta mucho desarraigarlos del imaginario popular. Incluso, un demócrata como Salvador Allende, se declaraba admirador de Diego Portales y de José Manuel Balmaceda, ambos políticos muy autoritarios.

Si consideramos estos antecedentes, es evidente que la visión de los historiadores del siglo XIX merece una revisión crítica respecto al famoso “Chile probo”, que no es más que una invención de los historiadores de esa época. Afortunadamente, durante el siglo XX, el error fue corregido por varios historiadores, al menos parcialmente: Portales no tuvo nada que ver con la construcción del Estado chileno, más bien despreciaba la Constitución, a la cual había que “violarla las veces que fuese necesario” —según sus propias cartas—, y se reía de las “leguleyadas” del jurista Mariano Egaña, ignorando y despreciando los recursos de amparo que protegían a las víctimas de la injusticia, obviando así la ley. Para Portales, sólo existían los buenos y los malos: a los primeros había que premiarlos, y a los segundos, darles garrote. Propinar palos y bizcochuelos es la mejor forma de gobernar.

El triunfo en la Guerra del Salitre y, posteriormente, la instauración del parlamentarismo (1891-1925), llevó a nuestro país a mezclar la política con los negocios y, por consiguiente, a altos niveles de corrupción. En una carta anterior, me permití describir la visión de algunos autores, como Enrique Mac Iver y Alejandro Venegas, que sostenían que Chile había heredado de Perú un caramelo envenenado al apropiarse de las provincias salitreras —llegó mucha riqueza y, junto con ella, la pérdida de las costumbres austeras y probas de la aristocracia castellano-vasca—.

No sólo la historiografía da cuenta de la corrupción de los empresarios, políticos, agricultores y miembros de la alta sociedad en el período plutocrático, sino también la literatura. Una de las obras emblemáticas del escritor Luis Orrego Luco cuenta entre sus personajes al senador Jacinto Peñalver, viejo político ya jubilado, quien repetía permanentemente a quien quisiera escucharlo que había que saber vivir del Estado —cualquier parecido con los políticos actuales es mera coincidencia—. En El roto, Joaquín Edwards Bello relata que un club demócrata, transformado prácticamente en un prostíbulo, estaba presidido por el retrato del presidente mártir José Manuel Balmaceda como un homenaje que hace el vicio a la virtud, que algunos suelen llamar hipocresía. Uno de los personajes de esta novela era el político conservador Policarpo Madroño, un corrupto y beato, tratante de blancas y contratista de sicarios; tampoco faltaban los “operadores políticos”, y uno de ellos era Fernando, comprado por este político conservador.

Los ejemplos de crítica a la corrupción podrían multiplicarse por mil, tanto en las obras literarias como en las históricas.

La corrupción y el poder son almas gemelas: la mezcla entre los negocios y la política, y el entender esta noble actividad como una forma de enriquecimiento rápido y seguro es consubstancial a las monarquías plutocráticas, como ocurrió en Chile durante el período 1891-1925, y de 1973 hasta ahora. Sin embargo, sabemos que en otros períodos históricos, que podríamos llamar republicanos, también existió la corrupción; pero con otras características. Sería tema de otra carta profundizar en el desprestigio de los gobiernos radicales, o la influencia en la Democracia Cristiana del sustancioso aporte de los partidos hermanos de Italia y Alemania —dineros que muchas veces no eran canalizados por la directiva del Partido, sino por los jefes de la fracción freísta—; por otra parte, el informe del Senado norteamericano ha probado el envío de millones de dólares, vía Alianza para el Progreso, para apoyar la candidatura de Eduardo Frei Montalva en 1964, de Jorge Alessandri en 1970, y la cuantiosa inversión para derrocar el gobierno constitucional de Salvador Allende a partir del mes de septiembre del mismo año. Aún falta mucho por indagar sobre el aporte de las internaciones democratacristianas, socialdemócratas y comunistas a los partidos políticos chilenos.

Es notorio que sea en los períodos de prosperidad cuando más se cultiva la mezcla entre los negocios y la política: a finales del siglo XIX y comienzos del XX, por el salitre, y desde el inicio de la dictadura hasta nuestros días, por el alto precio del cobre, la plutocracia y la corrupción se han hecho almas gemelas.

Otra coincidencia histórica es que los fenómenos de corrupción estructural coinciden con una acentuada crisis en las instituciones políticas y, para analizar este fenómeno, se haría necesario recordar los elementos sociológicos que legitiman un régimen político —según Max Weber, surgen de la tradición, el carisma o la legalidad—. En el fondo, la justificación del poder sobre la base de la racionalidad, la burocracia y la legalidad ha perdido sentido en nuestra época, pues el poder va quedando solamente como coerción y monopolio de la fuerza, esta última cada vez más ilegítima debido a que la democracia representativa ha sido raptada por los poderes fácticos, convirtiendo a los banqueros y empresarios en dueños de los poderes públicos, pudiendo actuar directamente o por medio de sus amanuenses. Así, la soberanía popular se anula, pues los únicos electores son los dueños del capital. Rousseau no logró nunca explicar el sentido de la “voluntad general”, y la expresión “bien común”, atribuida al Estado, carece de sentido en la realidad, pues el Estado se ciñe al cumplimiento de las órdenes de sus amos, los banqueros y empresarios.

El poder, hoy por hoy, no es más que el monopolio de la fuerza; por consiguiente, como lo afirmaba Weber, el político no tiene otra salida que pactar con el Diablo, y quien busque la salvación en la política habrá optado por el camino al infierno. Maquiavelo es mucho más directo en este sentido: el político debe tener la astucia de la zorra y la fuerza del león, pero sobre todo la inteligencia de la primera, para destruir las trampas que el azar y el acontecer le colocan. Si alguien quiere regirse por la moral cristiana y el amor fraternal mutuo, que no se dedique a la política, y “todo profeta desarmado está condenado a la hoguera”, tal como ocurrió con Savonarola y Allende.

En el Chile plutocrático de la época parlamentaria se practicaba el cinismo y, en contraposición, en la actual predomina la hipocresía. Hay que ser exclusivamente chileno para creer que cinismo e hipocresía son sinónimos, cundo en verdad son términos antónimos. Algunos ejemplos que ilustran estas ideas: para los plutócratas del siglo XX el cohecho no era un vicio, sino una virtud. Según Víctor Delpiano, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, el cohecho era un correctivo del “degenerado sufragio universal”. Si revisamos nuestra historia de los siglos XIX y XX, la mayoría de los presidentes de la República, políticos e intelectuales despreciaban el sufragio universal: Domingo Santa María decía: “Cómo vamos a entregar las urnas a los rotos”; Arturo Alessandri se manifestaba decepcionado del sufragio universal; el profesor Alejandro Venegas —un progresista de comienzos del siglo XX— era partidario de dar el poder del voto doble a los más cultos; Alberto Edwards Vives afirmaba que “el sufragio universal conduce a la dictadura del proletariado”. Si nos remontamos en la historia griega, a Sócrates lo sentenciaron a muerte no sólo por burlarse de los dioses y “corromper a la juventud”, sino por reírse de que en la democracia ateniense votaran igual los cultivadores de olivos y los filósofos.

En el período parlamentario, las penas por cohecho o por soborno eran muy bajas, al igual que hoy, pues tenían que ser sorprendidos infraganti cohechador y cohechado, lo cual era prácticamente imposible. Por ejemplo, al mandar al votante a la urna con el voto marcado se podía controlar al cohechado, pues el voto lo imprimía el propio candidato y bastaba tener un matón en la fila electoral para que le pegara al votante y, de esta manera, asustar a todos los demás. La única diferencia es que, en el cohecho, hoy se utilizan instrumentos financieros más refinados, y aparece nuevamente la diferencia entre cinismo e hipocresía.

Marcial Martínez, gran político y diplomático, publicaba en El Ferrocarril, en 1904, lo siguiente: “Legalizar y estatizar el soborno de los diputados. ¿Importaría esta práctica, aunque transitoria, una nueva forma de corrupción en nuestros hábitos políticos? No, pues lo que actualmente pueden tomar para sí ciertos miembros del Congreso mediante su actividad y artificio lo recibirían directamente del Gobierno, y así se lograría tal vez una gran economía para el erario. Queremos sustituir el botín bélico de los bandos indisciplinados por la paga organizada de las tropas regulares (…)”. Para Gonzalo Vial, “Martínez consideraba una alternativa aún más cínica a su proposición. A saber, que el ejecutivo no sobornara a parlamentarios, sino a la masa electoral misma, es decir, que el gobierno cohechara directamente a sus electores” (1996:614).

En el libro El modo de ser aristocrático, de Ximena Vergara y Luis Barros, de uno de los personajes se decía que “no tenía más vicios que la bolsa y la política”, y de otro, que se lamentaba de “no haberse casado con una heredera rica, pues, de haberlo hecho, de seguro sería presidente de la República”. Hoy, no es necesario recurrir a tales artimañas aristocráticas, pues basta ser reelegido en el Senado para ser mucho más millonario que cualquier ganador de lotería.

Dentro de los mitos en la historia de Chile está la idea de los presidentes probos, pues los parlamentarios, los funcionarios, los empresarios, o los simples ciudadanos que sólo evaden el pago del boleto del Transantiago, pueden ser corruptos, pero jamás el presidente-rey. Francisco Antonio Encina sostenía la falacia de que el presidente Aníbal Pinto era tan honrado que, luego de cesar en sus funciones de primer mandatario, tuvo que trabajar como traductor en un diario de la capital. La verdad histórica es muy distinta: este presidente era criticado por diarios de la época de la Guerra del Nitrato por tener intereses en minas de carbón, que abastecían a la Armada. El presidente Germán Riesco fue nada menos que director del Banco de Chile, el prestamista del Estado. Incluso, usó de su poder e influencia ante su sucesor para salvar el banco del cual era director. El hermano de Arturo Alessandri Palma, José Pedro, era el presidente del Sindicato de Obras Públicas y, como tal, ganaba la mayoría de las licitaciones —una especie de MOP-Gate aristocrático—. El presidente Juan Luis Sanfuentes era un especulador de la Bolsa; el candidato de la derecha, Gustavo Ross Santamaría, en 1938 ejercía la misma profesión que el presidente Sanfuentes; Jorge Alessandri era presidente de la Papelera de Puente Alto; el multimillonario Sebastián Piñera, dueño de varias empresas, hoy libres del fideicomiso “tuerto”, fue presidente.

Al hablar de instituciones del Estado sería interesante conocer que durante el período parlamentario la mayoría de los jueces, incluidos los que integraban la Corte Suprema, pertenecían al Partido Liberal Democrático que, traicionando el legado del presidente mártir Balmaceda, se habían convertido en genios del asalto al botín del Estado; su líder, el presidente Sanfuentes, al menos tenía el cinismo de decir que su partido no podía estar en la oposición, pues sus camaradas se quedaban sin pega. Cualquier semejanza con los partidos políticos actuales —la UDI, socialistas y democratacristianos— no es más que la perfidia de un “entrometido” periodista o historiador dedicado específicamente a “denigrar” a los prohombres de esta nación.

El tema histórico sobre la corrupción en el Chile parlamentario, acrecentado en la dictadura y seguido por sus monaguillos concertacionistas, da para escribir un libro tan extenso como los veinte tomos del historiador del fundo El Durazno, de Talca, Francisco Antonio Encina.

Con todo mi afecto,

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