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Sobre la condición pública de las universidades

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Enrique Fernández

Académico, Universidad de Tarapacá

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Andrés Bernasconi

Profesor, Facultad de Educación, Universidad Católica

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Carta de Enrique Fernández

20 julio 2015

Estimado Andrés:

No sé si coincides conmigo, pero pienso que en el debate sobre educación superior hay un tema que no hemos podido resolver y que clarificarlo resulta fundamental para avanzar en las reformas que se han propuesto: la condición pública de las universidades.

Ganar precisión en este aspecto, pienso, nos permitiría hacer mejores distinciones al interior del sistema y focalizar de manera más adecuada las políticas estatales. Pero, por desgracia, el tema ha aparecido y desaparecido de la prensa siguiendo los ritmos de la contingencia. También al mismo ritmo se han ido modificando los argumentos y posiciones de quienes han participado en la discusión, dependiendo del lado de la línea en que convenga estar en cada momento.

Cuando se ha intuido el riesgo de quedar fuera de la asignación de ciertos recursos fiscales, todos han tendido a justificar la condición pública de sus instituciones. En cambio, cuando se ha tratado de delimitar y controlar el uso de esos mismos recursos, de fijar criterios para establecer aranceles de carreras o darle obligatoriedad a ciertas funciones, se ha recurrido al argumento de la autonomía y han huido a refugiarse en un espacio privado, en el cual la mano del Estado, señalan, no puede ni debe entrometerse.

Si bien la separación entre la esfera de lo público y lo privado se ha hecho cada vez más confusa, esta dicotomía sigue siendo una de las distinciones centrales para comprender y delimitar ámbitos de la vida social, y su uso —esto lo sabes tú mejor que yo— lo podemos rastrear hasta el Derecho romano.

Pienso, entonces, que un primer avance importante sería no meter en el mismo saco la naturaleza de la institución y la función que cumple. Nadie negaría que una institución privada pueda cumplir una función pública, pero eso, evidentemente, no basta para considerarla pública. Lo público, a mi juicio, viene dado en primer lugar por un criterio de propiedad. Es decir, por aquello que pertenece al colectivo que llamamos “nación” y no a personas o grupos específicos. Evidentemente, esto tiene sentido sólo en la medida que de ello se desprenden una serie de características específicas pero, por lo pronto, me parece el piso mínimo sobre el que deberíamos volver a iniciar la conversación.

Desde esta perspectiva, sólo las instituciones del Estado pueden ser consideradas propiamente públicas, en la medida que pertenecen a la nación y su régimen de propiedad está sujeto a la ley, emanada de esa misma nación.

Las instituciones privadas, en cambio, pertenecen a un subconjunto del colectivo, que puede ser un grupo o un individuo. Por lo mismo, el crecimiento y enriquecimiento patrimonial no va en beneficio del colectivo, sino de ese grupo o individuo particular.

Las implicancias de esta distinción no son pocas. Tienen que ver con aspectos como el marco normativo por el que se regirán, la forma en que se gobernarán y gestionarán, los propósitos que perseguirán y, no menos importante, los intereses que representarán.

Pero, más allá de ello, creo que recién entendiendo la diferencia entre la naturaleza de la institución y las funciones que ella cumple será posible avanzar en este debate, tan intensamente instrumentalizado. Por lo demás, vale la pena señalar que esta discusión en otros países no tendría lugar. Y no porque las instituciones privadas no puedan cumplir funciones públicas o no deseen ni dispongan de subvenciones fiscales (que me atrevo a decir, es lo que subyace y enrarece esta discusión), sino porque el lenguaje no lo permite: lo público es simplemente sinónimo de Estado y se contrapone a lo privado.

Pero, en fin, creo que me estoy saliendo un poco del tema.

Por ahora, Andrés, me interesa insistir en mi sospecha inicial: pienso que recién cuando hayamos vuelto a asumir esta distinción podremos plantearnos una segunda pregunta de manera sensata y desprejuiciada: ¿cuándo podemos considerar que una institución privada está cumpliendo una función pública?

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Carta de Andrés Bernasconi

23 julio 2015

Estimado Enrique:

Coincido contigo en que necesitamos hacer algunas precisiones de conceptos para abordar la pregunta que planteas al final de tu carta: ¿cuándo podemos considerar que una institución de educación superior privada está cumpliendo una función pública?

Concuerdo también en que la naturaleza jurídica de una institución educativa es un atributo relevante de su identidad. Ella incide en su misión y sus funciones, pero más importante que eso, como espero justificar más adelante, establece condiciones de salvaguarda de la fidelidad de la universidad a su naturaleza institucional, que son diferentes según se trate de entidades estatales o privadas. La relevancia de la naturaleza jurídica de la universidad se agota en esto.

Por lo tanto, tengo una diferencia contigo, si interpreto bien tu pensamiento, en cuanto asociar tan estrechamente, como propones, la naturaleza jurídica (estatal o privada) de la entidad, con las características de bien público de su misión y actividades. Mi punto es, en cambio, que el que una universidad sea estatal no la hace más proclive a servir al bien común, así como que sea privada no la hace menos. Más bien lo estatal o privado fija el tipo de reglas y procedimientos —salvaguardas, las llamé arriba— que son necesarias (siempre necesarias, me temo, por la falibilidad humana) para mantener a la universidad leal a su sentido.

En el caso de las estatales, dices, el dueño o controlador de la universidad es la nación. La nación es, por supuesto, una ficción política, no un agente. Es decir, no tiene una voluntad a que pueda asociarse un actuar. La nación se expresa en y a través de órganos políticos, como el electorado, el Poder Ejecutivo o el Congreso. De tal modo que es el poder político el controlador de las entidades estatales, entre ellas, las universidades. Este control está sujeto a reglas, desde luego, como toda manifestación del poder político. En el caso particular que nos interesa, dado que repugna a la naturaleza de la universidad el encontrarse bajo un control demasiado directo de un órgano político, para las universidades estatales una de las reglas que constriñen al poder soberano es la autonomía universitaria.

El Estado se abstiene, por decirlo de algún modo, de ejercer respecto de sus universidades la potestad suma de su soberanía, y les deja un amplio espacio de autodeterminación para que puedan contribuir al bien común de la sociedad (la nación, dirías tú) de manera consistente con su naturaleza como instituciones. Ese espacio ha tenido una amplitud variable a lo largo de la historia moderna y, de hecho, se sigue negociando día a día, como nos muestra hoy la pugna por la fijación de aranceles y vacantes.

Ahora bien, la situación de las universidades privadas es análoga: ellas son corporaciones o fundaciones, creadas por sus asociados o fundadores para cumplir los fines que dan forma a la idea de universidad. Si bien los sostenedores podrían instrumentalizar la universidad para fines ajenos a la misión de descubrimiento, cultivo, comunicación y aplicación del conocimiento que le es propia, deben abstenerse de hacerlo, porque la universidad no puede estar sujeta a intereses particulares sin perder su naturaleza. Y, sin embargo, existen controladores privados que ahogan a las universidades bajo su potestad en una maraña de intereses particulares, como su propia ganancia económica, el sostén de una determinada visión ideológica de la sociedad, o la formación de cuadros leales a una plataforma política. Del mismo modo, existen sostenedores estatales que supeditan la universidad a una agenda de política pública, o que la entregan sin más al control de oligarquías académicas que con alarmante facilidad identifican sus propios intereses con los de la nación.

Como ves, Enrique, tanto la universidad estatal como la privada tienen sostenedores que pueden, o no, permitir el desarrollo de la institución conforme a su naturaleza. Lo importante es que la sociedad tenga mecanismos para cautelar que las universidades se orienten a su genuina función y no sean subvertidas por agendas políticas, económicas, ideológicas, o del interés particular que sea. Lamentablemente, la sociedad chilena no tiene hoy esos mecanismos, ni para las universidades del Estado, ni para las privadas.

Es, desde mi punto de vista, una ingenuidad creer que lo estatal, por su naturaleza jurídica, mira al bien común de la sociedad, y lo privado, por la misma razón, atiende sólo fines particulares. No es la naturaleza jurídica de la entidad lo que determina su función, sino la forma cómo se estructura y organiza la entidad, cómo se gobierna, cómo se financia, cómo selecciona a sus integrantes, cómo rinde cuentas, etc.

Entonces, concuerdo contigo en no meter en el mismo saco la naturaleza de la institución y la función que cumple. Pero no puedo saltar contigo a la conclusión de que la función pública de la universidad es consecuencia de su naturaleza jurídica.

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Carta de Enrique Fernández

24 julio 2015

Estimado Andrés:

Luego de leer una primera vez tu carta encontré tantas coincidencias con algunas de mis opiniones que temí por el sentido de esta conversación. No pude evitar pensar en El Chavo e imaginarnos enredados en una serie de cortesías académicas del tipo: “Pase usted, profesor Bernasconi”, “Después de usted, profesor Fernández”.

Al revisarla con más calma, sin embargo, veo que también tenemos algunas diferencias importantes. Primero, precisaré argumentos anteriores, que con justicia criticas.

Está lejos de mi interés afirmar que sólo por el hecho de que una institución sea estatal cumpla la función pública para la que fue creada. De igual modo, tampoco quiero argumentar que lo privado sólo puede atender intereses particulares. Basta recordar las primeras universidades regionales de nuestro país, como las de Concepción, Austral o Católica de Valparaíso. Lo que intenté fue fijar un piso conceptual, a fin de resituar la frontera entre lo público y lo privado usando como criterio el régimen jurídico de propiedad. Disculpa la insistencia, pero este es para mí un tema mayor: no da igual enriquecer patrimonialmente a la nación que a un grupo o una persona.

Entonces, asumiendo tu crítica, deberíamos no sólo preguntarnos qué condiciones deben cumplir las universidades privadas para afirmar que realizan una función pública, sino también, cuándo podemos considerar que una institución estatal ha dejado de hacerlo.

En esto último juega un rol fundamental lo que llamas “reglas y procedimientos” derivados de la condición estatal, ya que precisamente ellas han garantizado —no solo en Chile— que las universidades estatales cumplan su función pública. Nadie podría ignorar que algunas exhiben deficiencias en su quehacer, pero ello no cuestiona el cumplimiento de su cometido. Por lo demás, es probable que estas se deban menos a las “reglas y procedimientos” que a su bajo financiamiento (basta con mirar los hospitales públicos).

Si sigo bien tu argumento, entonces, el principal riesgo al que las instituciones —públicas y privadas— están sometidas es ser instrumentalizadas para fines particulares y no generales de bien común. En el caso de las universidades hay que agregar, como bien observas, la autonomía, cuyo objetivo es precisamente evitar que sean supeditadas a intereses particulares del Gobierno, del mercado, de los medios u otros.

La autonomía, sin embargo, en las universidades estatales, se da en un marco de “reglas y procedimientos” que cautelan el interés público. Mencionaré dos: la estructura de gobierno y el control financiero.

En las universidades públicas, la fidelidad a la misión se cautela mediante órganos de gobierno integrados por distintos actores sociales (juntas directivas), la elección democrática de autoridades y cuerpos colegiados que controlan el ejercicio unipersonal de la autoridad. A ello se agrega la supervisión de la Contraloría sobre el ejercicio financiero. Así, aunque estén en manos de “oligarquías académicas”, estas deben articular el gobierno y gestión de modo tal que no se pueda instrumentalizar la institución para fines particulares. Evidentemente, existen espacios en que esto ha sucedido y grupos académicos han desarrollado iniciativas en beneficio personal. Pero, esa ocasional falta de control está lejos de afectar a toda la institución y mucho menos de ser su propósito fundacional.

En las universidades privadas la situación es variopinta. Algunas, como las tradicionales y derivadas, han adoptado parte de estas reglas, con notables resultados de eficiencia y posicionamiento académico. Otras, en cambio, no cuentan con ellas, ya que la ley no establece obligación. Más importante aún, te aseguro que muchas se opondrán a adoptarlas. Esa será la hora de huir a refugiarse en la autonomía (bastante distinta a la de las universidades públicas) y en ese espacio privado, en el cual todo aquello que huela a Estado, salvo la billetera fiscal, no es bienvenido.

Me doy cuenta, Andrés, que no he respondido las preguntas, pero creo haber al menos clarificado algunos puntos que pueden ayudar a su respuesta.

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Carta de Andrés Bernasconi

28 julio 2015

Estimado Enrique:

Creo que hemos avanzado en precisar de qué estamos hablando cuando decimos “público”, “privado” y “estatal”. Permíteme, a partir de eso, subrayar los puntos en que me parece que seguimos en veredas diferentes.

Primero, dices que el régimen jurídico de propiedad (público o privado) establece —de suyo, me parece entender, es decir, sin consideración a otros atributos de la universidad— la distinción entre “enriquecer patrimonialmente a la nación (o) a un grupo o una persona”. No sé si te refieres a acumulación de patrimonio económico o cultural. Si es lo primero, sucede que paradójicamente las universidades privadas se crean, desde el punto de vista exclusivamente jurídico, que es el que te interesa, cuando un individuo o un grupo de personas se desprenden de un patrimonio propio para ponerlo al servicio de un beneficio público. Esa es la razón de ser de las corporaciones y fundaciones. Así, la sola creación de una corporación o fundación enriquece el patrimonio común, lo que la haría pública según tu criterio.

Ahora bien, es verdad que los sostenedores de muchas universidades privadas han quitado del patrimonio común más de lo que han aportado a él, lo que avala mi punto general de que la forma jurídica de la institución es secundaria para determinar el caudal de su aporte al bien público, debiendo atenderse más bien a la forma en que la universidad opera de hecho. Así, sabemos, por ejemplo, que muchas universidades subvierten su naturaleza jurídica al ser, en realidad, negocios de sus propietarios y no entidades de beneficencia pública.

Si es el enriquecimiento cultural o educacional el que tienes en mente, entonces tampoco dice mucho el que un establecimiento sea estatal o privado, porque, de nuevo, determinar la existencia y magnitud de ese aporte es una cuestión de hecho. Piensa, para muestra, en las nuevas universidades estatales que se han creado en las regiones de O’Higgins y Aysén y en la nula o escasa contribución educacional o cultural que uno puede razonablemente esperar de ellas, no obstante su naturaleza jurídica.

Por otra parte, creo entender que me concedes que una universidad privada puede realizar una función pública, así como una institución estatal puede dejar de serlo si no honra su función pública. ¿Cómo habría de ser eso posible si unas y otras mantienen su naturaleza jurídica privada o estatal inalterada, a menos que lo público sea separable de la identidad jurídica de la institución?

El segundo desacuerdo es más operacional. Parece que estamos de acuerdo en que son las reglas y procedimientos de actuación lo que garantiza “que las universidades estatales cumplan su función pública” (a eso yo agrego que, del mismo modo, son reglas y procedimientos los que garantizan que las universidades privadas cumplan su función pública). Y estamos de acuerdo en que esas reglas y procedimientos en Chile son insuficientes e inadecuados, para ambas clases de entidades.

Pues bien, tú destacas la estructura de gobierno y el control financiero como ejemplos de regulaciones de la universidad estatal que aseguran que se mantenga fiel a su función pública. Contrariamente, yo evalúo ambos como ejemplos de la manera en que el orden jurídico falla en asegurar esa fidelidad. No habiendo espacio aquí para desarrollar este tema, quiero sólo dejarlo enunciado, para retomarlo quizás en otro debate. Levanto el punto, sin embargo, para destacar cómo el carácter púbico de la universidad estatal depende de reglas, que cuáles sean esas reglas no es evidente, y que, por lo tanto, pueden existir —como en Chile hoy— reglas que más bien alejan a la universidad estatal de una función pública que lo que la acercan. Tanto es así que tu ejemplo de las juntas directivas como garantía de la fidelidad de la universidad estatal a su misión pública tiene la egregia excepción de la Universidad de Chile, nada menos, que carece de una junta directiva o de algo que se le parezca.

Debo decir algo sobre la cuestión de la autonomía antes de cerrar esta carta, pero antes, déjame reiterar que lo que hace pública a una universidad es lo que ella hace, y que un sistema sano de educación superior debe tener reglas que reconozcan y apoyen la función pública de las universidades, y puedan detectar y excluir del apoyo del Estado a las universidades, estatales o privadas, que no tienen una función pública como misión real y efectiva.

La autonomía es, a mi juicio, la mejor evidencia de que la condición pública no emana de la naturaleza jurídica, porque sucede que sólo las universidades privadas son inherentemente autónomas en tanto manifestación de los derechos de asociación y libertad de enseñanza de las personas, mientras que las universidades estatales, creadas por el poder público, sólo son autónomas en la medida que la ley lo permite (medida que ha sido tradicionalmente muy amplia en Chile, como en toda América Latina). Si la posibilidad de ejercer la autonomía es la medida de lo público, como algunos en nuestro medio han planteado, entonces las universidades privadas están en mejor pie jurídico para reclamar su carácter público.

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Carta de Enrique Fernández

30 julio 2015

Estimado Andrés:

A riesgo de ser majadero, para responder algunas de tus preguntas volveré sobre el tema de lo “público o estatal” y lo “privado”. Insisto en ello porque me parece que en lo últimos años se ha intentado, con bastante éxito, diluir estos conceptos por mezquinas conveniencias.

Debo reconocer que me atemoriza meterme en un ámbito que conozco escasamente, pero el derecho, hasta donde sé, distingue dos tipos de personas jurídicas: las de derecho público y las de derecho privado. Las primeras sólo pueden ser creadas por el Estado, las segundas por particulares. El mismo marco normativo establece que las públicas tienen por objetivo servir a fines públicos. Las privadas, en cambio, surgen para cumplir los fines de sus asociados o fundadores, y pueden ser con o sin fines de lucro. En este segundo grupo ubicamos a las universidades.

Entre las corporaciones sin fines de lucro, encontramos muchas que han intentado cumplir fines públicos. Ya sea porque el Estado no lo hace o porque lo hecho se juzga insuficiente. Más importante aún, éste las ha legitimado y fomentado, especialmente en el campo educacional. Por ello, ya en el siglo XIX las escuelas particulares recibían subvenciones. Es innegable, entonces, que el Estado les ha reconocido un valor cultural que enriquece a la nación.

Desde el punto de vista patrimonial esto es distinto. Las corporaciones no pueden disolverse en beneficio de sus dueños; sus estatutos deben establecer el traspaso de sus bienes y, de no hacerlo, irán al Estado. Así, las inversiones, incluidas las realizadas con dineros fiscales, acrecientan patrimonios materiales que no son públicos y pueden transitar a otras corporaciones que no necesariamente atienden las mismas tareas.

Lo anterior puede ser razonable, pero no lo es cuando los recursos —como bien señalas— no van a acrecentar un patrimonio común, sino a desmedrarlo en beneficio de los sostenedores.

Respecto a cómo es posible que tanto una institución estatal como una privada puedan, respectivamente, dejar de cumplir o no cumplir una función pública, propondría lo siguiente: en las estatales ello puede deberse a un déficit en las “reglas y procedimientos” que la regulan o a un bajo financiamiento, como mencioné en mi anterior carta. En las privadas, a la ausencia o insuficiencia de una normativa que garantice su cumplimiento. Esto último, en el caso chileno, podría tener dos orígenes: primero, la falta de una normativa que permita a algunas universidades transformarse en corporaciones con fines de lucro y les legitime su verdadero propósito fundacional, de modo que no tengan que torcer veladamente la ley; segundo, la ausencia o insuficiencia de “reglas y procedimientos” para apoyar su cumplimiento a las sin fines de lucro y con vocación pública.

Tenemos, eso sí, una diferencia, Andrés. Mientras en el caso de las estatales habría que demostrar que no están cumpliendo su cometido, en el de las privadas habría que demostrar que sí lo hacen. Respecto de las primeras —y más allá del mandato de la ley— no tenemos evidencia de que ello esté ocurriendo (incluyo aquí las tradicionales y derivadas). Respecto de las segundas, a estas alturas tenemos dudas fundadas de que ello, en muchos casos, esté ocurriendo.

Por similar razón, no me parece justo tu juicio sobre las nuevas universidades estatales. Te sonará curioso: comparto tu conclusión, pero no tu supuesto. Su probable falta de aporte no se deberá a su naturaleza, sino a una decisión política que carece de voluntad para que ello no suceda.

Por último, Andrés, discrepo contigo respecto de la Universidad de Chile. Es más, me atrevo a invertir tu planteamiento: dado que se trata de la universidad más antigua y una de las más consolidadas en su función pública, su autonomía puede ser mayor y su gobierno recaer en sus propios estamentos, prescindiendo de la regla general. Serán estos quienes velen por el cumplimiento de una misión vinculada, más que ninguna otra, a la historia de la nación. Es más, creo que éste es un punto decisivo. Si una posible regulación estatal sobre el gobierno de las universidades privadas fuese vista como una amenaza, la oposición a que sus comunidades participen significativamente en él será definitiva. Pero no por una eventual vulnerabilidad de la misión, sino porque eso sí impediría la instrumentalización privada de la institución y de sus beneficios materiales y culturales.

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Carta de Andrés Bernasconi

05 agosto 2015

Estimado Enrique:

No tengo nada que objetar a tu explicación de la naturaleza de las corporaciones y fundaciones de derecho privado. Si lo que te preocupa es el destino de los bienes en caso de disolución, me parece que es el tipo de problemas que la regulación puede resolver. También concordamos en que la estructura de financiamiento de las universidades, y las reglas y procedimientos bajo las cuales deben operar, son los principales condicionantes de su capacidad de servir el interés general, suponiendo que exista la voluntad y buena fe de sus directivos de atender a ese interés.

Agrego que, entonces, la naturaleza jurídica de la universidad no emerge en nuestro intercambio como un factor central en la aptitud de la universidad de servir al bien común. Su efecto es más bien indirecto: define el tipo de reglas que las han de mantener apegadas a este ideal de función pública, y especifica también cómo esas reglas deben establecerse.

Tu propuesta de diferenciación entre estatal y privado, consistente en que “mientras en el caso de las estatales habría que demostrar que no están cumpliendo su cometido, en el de las privadas habría que demostrar que sí lo hacen” me parece una regla a primera vista razonable, si lo que está en juego es el financiamiento público. En cambio, no es válida en el derecho chileno como regla para resolver sobre el derecho a existir, en razón de la garantía de la libertad de enseñanza. Las entidades privadas no tienen “derecho” a financiamiento público, sino que deben demostrar que producen bienes públicos para reclamar tal respaldo. Sobre las estatales, con todo, no estoy seguro de que la presunción de cumplimiento de fines que las beneficiaría sea compatible con las tendencias actuales en materia de rendición de cuentas del Estado y sus organismos. Más bien uno podría sostener que dado que son estatales, deben continuamente dar evidencia de su eficacia. Tu principio podría traducirse, como en Argentina y Bolivia, en la resistencia de las universidades estatales a someterse a acreditación, por ejemplo, alegando algo parecido al privilegio de estatalidad que propones. Notablemente, en Chile nunca las universidades estatales han sostenido que por su origen deban estar exentas de control de calidad.

Sobre el régimen de gobierno de la Universidad de Chile, por último, propones que la consolidación a lo largo de la historia de su función pública no haría necesario para ella una estructura de gobierno superior a la voluntad de sus académicos, ya que “serán estos quienes velen por el cumplimiento de una misión vinculada, más que ninguna otra, a la historia de la nación”. No sé si haces un llamado a los académicos o una constatación de los hechos, pero como quiera que sea, la tendencia en el mundo en los últimos treinta años, comprometiendo a universidades aún más eminentes en su función pública que la Universidad de Chile, reconoce que los académicos necesitan, en interés del bien común, un contrapeso fuerte en su función de gobierno de la universidad. La presencia de juntas directivas con mayoría de miembros externos a la universidad, y de rectores no elegidos por los profesores, va en aumento, no en retirada, incluso en Europa.

Pero, incluso si uno quiere hacer caso omiso a las tendencias internacionales —podría ser que Chile fuera un caso excepcional—, precisamente, al mismo tiempo que escribimos esto la Universidad de Chile parece estar atravesando una crisis de gobernabilidad sobre la distribución de su presupuesto entre facultades (defecto de gobernabilidad que expuse como crítico para el desarrollo de la Universidad de Chile, en 2011, en mi artículo “Private and public pathways to world class research universities: the case of Chile”), exactamente de la clase de conflicto que una junta directiva con miembros externos, actuando en representación de la nación, podría resolver en una reunión, en lugar de que se arrastre el statu quo, como seguramente va a ocurrir, por otro año, período rectoral, y década más.

He terminado este intercambio, ¡oh vergüenza!, con una autocita. Podría defenderme alegando que tú me diste permiso al citar a Chespirito, pero su escritura es harto más noble que la mía. Permíteme dejar señalada esta debilidad de tu contradictor como prueba testimonial de que el gobierno de la universidad es demasiado importante para dejarlo librado a los intereses de los académicos.

2 Comentarios

  1. Todas estas discusiones retóricas se evitarían si la subvención estatal no se hiciera a las universidades, sino a cada estudiante de acuerdo a sus méritos y necesidades.
    Pero lo más importante es determinar periódicamente y como política estatal cuántos profesionales de cada carrera necesita el país en los próximos quinquenios y dejar de producir cesantes ilustrados y frustrados y endeudados de los que ya hay demasiados. Sería responsabilidad de Mineduc y Mideplan realizar una asignación de carreras a las universidades que demuestren técnicamente formar mejores profesionales para asignar los siempre escasos recursos del Estado sin derrocharlos. Esto promovería una sana competencia.

  2. Amigos, echo de menos algunos planteamientos como, por ejemplo: “Crear interés en los estudiantes de forma de hacerlos querer aprender más que lo que simplemente viene en la malla curricular”.
    Asimismo, las universidades que no exploran los recursos para formar alianzas como desarrolladores de soluciones para la industria se podría decir que quedaran en segundo plano y que sus estudiantes estarán menos preparados para engranar en la industria.

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