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Reforma universitaria: El gobierno triestamental

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Alfredo Jadresic

Profesor emérito y ex decano, Facultad de Medicina, Universidad de Chile

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Jorge Martínez Barrera

Profesor asociado, Instituto de Filosofía, Universidad Católica

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Carta de Alfredo Jadresic

21 septiembre 2015

El debate actual sobre nuevos estatutos para las universidades estatales y en particular sobre la posibilidad de abrir la participación en el gobierno universitario a los estudiantes, a los docentes y a los trabajadores no académicos, presenta posiciones antagónicas que se dan con débiles fundamentos. Las partes argumentan sobre consideraciones teóricas sin base en experiencias concretas y, tal vez, con suposiciones equívocas.

Quienes apoyan el co-gobierno consideran que la universidad es una comunidad y que todos sus integrantes tienen derecho a voz y voto en las decisiones que los afectan. Los detractores del co-gobierno piensan que los estudiantes introducen un factor de confrontación y perturbaciones en las actividades académicas, que incluyen interrupciones en la docencia, paros prolongados, huelgas y tomas de las escuelas.

Los movimientos estudiantiles actuales pueden interpretarse precisamente como el enfrentamiento a las autoridades porque esa participación efectiva les es negada.

Cuando se trata de democratizar el gobierno, adquiere relevancia el concepto de comunidad universitaria. Recordemos que comunidad es un conjunto de personas que tienen algo en común que las define. Así, devienen fundamentales la misión, los objetivos y las metas de la universidad. Ello hace preciso destacar la universidad estatal como espacio crítico y creativo para el análisis de los grandes problemas de interés nacional. El proyecto de nuevo estatuto, al redefinir las relaciones de las universidades públicas con el Estado y la sociedad y aceptar el cogobierno, compromete la colaboración de los universitarios en los objetivos institucionales. El sentido democrático del cogobierno surge, entonces, de los fines compartidos por igual por todos los integrantes de la comunidad universitaria, con el aporte necesario de los diversos estamentos.

En el cogobierno es fundamental establecer claramente derechos y deberes. De una parte, el derecho a participar en la elaboración, discusión y aprobación de los planes y proyectos y, por otra, el deber de cumplir con plena responsabilidad la mejor labor posible para la realización de los mismos.

La participación triestamental en el gobierno de la Universidad de Chile existió durante la Reforma de 1968 —establecida por ley en el Estatuto de 1971— y terminada en 1973 con el golpe militar. La experiencia en las diversas facultades fue muy desigual.

Durante el proceso de la Reforma, favoreció a la Facultad de Medicina el consenso que existía entre sus integrantes sobre la responsabilidad nacional que enfrentaba, dado el serio déficit de profesionales de la salud en el país —médicos, enfermeras, matronas y otros—, la necesidad de modificar los planes y programas de las carreras —extender la enseñanza fuera de los hospitales, en los consultorios y en las zonas rurales— y abordar nuevas áreas de investigación.

Se inició de inmediato, a comienzos de 1969, la nueva estructura en departamentos —en reemplazo de las antiguas cátedras— gobernadas por consejos compuestos en un 10% por funcionarios no académicos, un 25% por estudiantes y 65% por docentes, presididos por un director elegido por votación ponderada en igual proporción. Asimismo, se procedió a la evaluación de todos los docentes para establecer la jerarquía académica.

Fue notable la dedicación de los estudiantes, los docentes y los funcionarios no académicos a los objetivos de la facultad, sin distinción de posiciones políticas, en un período de gran confrontación ideológica en el país. La participación convertía las decisiones en proyectos personales. Cada estamento contribuía al mismo proyecto con plena conciencia de su aporte necesario. La relación de los estamentos en el trabajo y en los consejos fue siempre armónica y de gran colaboración; nunca ocurrió un enfrentamiento entre ellos. Los consejos triestamentales consideraban los requerimientos de cada estamento con actitud solidaria y estaban dispuestos a encontrarles solución, anticipándose a los conflictos. Durante los cuatro años del decanato de la Reforma —desde 1968 hasta 1972— jamás ocurrió una huelga o un paro de actividades. En cambio, muchos proyectos fueron realizados con el aporte voluntario de los académicos, los alumnos y los funcionarios no académicos. Las sesiones de las comisiones, de los consejos de departamento y del Consejo de Facultad se desarrollaban al final del día, fuera de las horas de trabajo. La Facultad de Medicina alcanzó en esos años una expansión y un desarrollo sin paralelo en su historia. Se extendió la enseñanza de las carreras de la salud a cinco áreas docente-hospitalarias en Santiago y se inició la carrera de medicina en Antofagasta y Temuco. Se abrió un concurso para los trabajadores de 320 vacantes en carreras vespertinas, incluida la carrera de medicina. Se estaba trabajando por un Chile mejor. Al término de los cuatro años y de acuerdo al nuevo estatuto la Facultad fue sucedida por cuatro facultades en Santiago. Esta fue la experiencia histórica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile en el único período de cogobierno que ha existido.

En la Universidad de Chile se completó la Reforma con la constitución del Consejo Normativo Superior —triestamental, compuesto por cien miembros y un comité directivo— presidido por el rector, en reemplazo del antiguo Consejo Universitario formado por los decanos. Esta estructura de la Universidad de Chile funcionó desde junio de 1971 hasta el 11 de septiembre de 1973.

Parece relevante incluir esta información en el debate sobre un nuevo estatuto para las universidades estatales.

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Carta de Jorge Martínez Barrera

21 septiembre 2015

Una paradoja de la vida pública es que, a pesar de que la democracia aparece como un objetivo prioritario en el nivel superior de institucionalidad política, ninguna de las instituciones que componen una comunidad puede aspirar a gobernarse democráticamente. Una familia, una empresa, una iglesia, una universidad, no puede ser democrática, y esto no afecta negativamente sus respectivas dinámicas de funcionamiento. Con respecto a la universidad, ya señalaba Max Weber, en una conferencia pronunciada ante una asociación estudiantil de Munich en 1919, que “la democracia está bien dentro de su propio ámbito, pero la educación científica que, por tradición, hemos de procurar en las universidades alemanas, es una cuestión de aristocracia espiritual, y sobre esto no cabe engañarse”.

El modo de gobierno de una institución es una consecuencia directa de su sentido y objetivos. Al ser la universidad la instancia más elevada de aprendizaje y de investigación, se desprende de ello que el profesor que enseña e investiga es quien ocupa el lugar más prominente de la jerarquía. Por cierto, una universidad debe mantener un equilibrio en esas dos funciones, pues si privilegia la investigación, no se ve qué necesidad habría de estudiantes; y si privilegia la enseñanza, no se ve qué necesidad habría de hacer progresar los conocimientos. En cuanto a la organización interna de la universidad, si bien el profesor-investigador se encuentra en la cúspide de la pirámide, su tarea sólo alcanza pleno sentido gracias a los estudiantes, quienes en su mayoría asisten para formarse en profesiones que Ortega llamaba “intelectuales”, y en su minoría aspiran, a su vez, a formar parte del cuerpo de profesores.

Ahora bien, debe decirse que el modelo napoleónico de universidad fue el que terminó imponiéndose en Iberoamérica, privilegiando las necesidades del Estado y sus circunstanciales ideologías. Tal vez sea ese el origen de la obesidad de los aparatos administrativos universitarios, del protagonismo de los rectores y, en definitiva, de la funesta idea de que el saber y el cuidado de la cultura sólo estarán asegurados si la universidad reproduce en su seno los criterios gubernamentales provenientes del Estado. Nadie recuerda los nombres de los rectores o decanos de Princeton, Bonn, Heidelberg, Tubinga o Colonia cuando allí enseñaban Einstein, Heidegger, Planck, Jaspers y Heisenberg. ¿Por qué sería importante saber eso? Se trata de profesores que pudieron, por lo general, trabajar en paz dando lo mejor de sí, y de universidades que conocían muy claramente sus rasgos distintivos respecto de otras instituciones públicas. El modelo napoleónico contagia además a la universidad —que es una institución con vocación de durabilidad— las vacilaciones rocambolescas de lo político y la volatilidad de sus credos, generando de este modo graves falsificaciones de su identidad.

Así como una isla puede perfectamente ser parte del paisaje de un país, podría sostenerse que el carácter insular, aristocrático y selectivo de una universidad no afecta su pertenencia visceral a una patria y a una cultura, ni al compromiso con ellas. Una reforma de la universidad que sólo se limite a remendar lo que ni siquiera se ha demostrado sea una injusticia, es una pérdida de tiempo.

En suma, la reflexión sobre el sentido y la misión de la universidad no arroja como conclusión la necesidad de un gobierno triestamental. Esto implicaría transformar la isla en un istmo que facilita el transporte de la racionalidad (o irracionalidad) propias del Estado a una institución que no es un Estado y que se rige por criterios sapienciales muy distintos.

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