1

Punta Peuco y la calidad del sistema penitenciario

Foto de perfil Alex Choquemamani

Alex Choquemamani

Abogado. Diplomado en Sistema Penitenciario y Derechos Humanos, Universidad de Chile. Magíster en Pensamiento Contemporáneo, Universidad Diego Portales. Investigador, LEASUR

cargando votos....
Foto de perfil Marisol Turres Figueroa

Marisol Turres Figueroa

Diputada, Unión Demócrata Independiente

cargando votos....

Carta de Alex Choquemamani

07 octubre 2015

En las últimas semanas se ha puesto sobre la mesa la necesidad de cerrar Punta Peuco, el penal donde están recluidos los culpables de violaciones a los derechos humanos, algunos de los cuales tendrían que reencarnarse varias veces para cumplir con las penas que les fueron asignadas. Una de las razones para clausurarlo es que, con la llegada de los condenados por el caso Berríos, el recinto se enfrenta al grave peligro del hacinamiento.

Varios medios de comunicación han denunciado que Punta Peuco está a punto de alcanzar su máxima capacidad (112 personas), noticia que causó alarma entre los reclusos, sus familiares, Gendarmería y el mundo político. Esto pone en evidencia el permanente ocultamiento de las condiciones en que funcionan los demás recintos del país, donde los porcentajes de ocupación superan con creces el 100% (1). El hacinamiento en las cárceles chilenas no es un problema reciente, sólo que a nadie parece preocuparle demasiado.

Los medios de comunicación —especialmente, los dos oligopolios— vienen invisibilizando la problemática carcelaria desde siempre, y sólo les dan cobertura a casos puntuales como sucede con la mentada Punta Peuco. Además, esa cobertura no va orientada a denunciar los privilegios que reciben los internos, sino a destacar las restricciones que enfrentan para acceder a beneficios penitenciarios y lo mucho que han cambiado sus condiciones de vida.

El 6 de septiembre, El Mercurio publicó una nota que enfatizaba esta cuestión: hace veinte años, los reclusos tenían piezas (no celdas) privadas, mientras que ahora deben compartirlas entre dos; el mobiliario luce raído y la comida es igual para todos: cazuela, carbonada, lentejas. La agrupación Mis Camaradas les entrega cajas con abarrotes a los reclusos más humildes, y los hijos profesionales “les dan abrazos furtivos” a sus padres “ya desgastados como los mismos muebles”. Asimismo, ya no hay guardia militar, sino sólo gendarmes que se pasean por “los pasillos cruzados por rejas” y, provistos de detectores de metales, revisan los bolsos que ingresan a las habitaciones. El usual ánimo dieciochero que se apoderaba de Punta Peuco cada septiembre ha dado paso a la desazón que ha provocado la noticia del traslado.

Por otra parte, el lenguaje que utilizan los medios para hablar de quienes cumplen condena en ese lugar dista mucho del que usan para referirse a la población penal del resto del país: mientras que los otros son presos o delincuentes, los que están en Punta Peuco son ancianos y gente educada, hombres jubilados, y muchas veces enfermos, que, en su mayoría, tienen un bajísimo compromiso delictual.

Todo parece indicar que los internos de Punta Peuco no sólo gozan de muchos más beneficios que los demás reclusos del país, sino también que tienen la cobertura de los medios de comunicación para canalizar sus reclamos. Esto devela la doble moral que existe en torno a la delincuencia: se piden más castigos para unos y más privilegios para otros. Más castigos para los responsables de los delitos contra la propiedad y más privilegios para quienes atentan contra la vida. Huelga decir que esta es también la moral que promulga el Estado chileno.

Por estas razones, es hora de que el Gobierno enfrente la crisis que define al sistema penitenciario de nuestro país y les brinde un trato equitativo a todas las personas que están privadas de libertad. Sobre todo, es hora de que el Estado de Chile asuma sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, no sólo respecto a algunos sectores, sino a todos aquellos que, aunque estén tras las rejas, siguen estando bajo su protección.

 

(1) De acuerdo con información de Gendarmería, el penal de Copiapó presentaba, en 2013, un nivel de ocupación de 225,3%; el de Taltal, 218,8%; el Centro Penitenciario Femenino de Talca, 225%; el de Limache, 281%; el de Talagante, 213%; y el de Santiago Sur (Ex Penitenciaría), 207, 2% (CESC, 2015).

2

Carta de Marisol Turres Figueroa

07 octubre 2015

Tras el cierre del penal Cordillera durante el gobierno del presidente Piñera, y con mayor fuerza tras el anuncio de la presidenta Bachelet de que estaría evaluando igual medida respecto de Punta Peuco, el debate se ha centrado, a mi juicio, exclusivamente en la búsqueda de venganza y rédito político más que en encontrar la forma de contar con un sistema penitenciario adecuado para mantener a los condenados por violaciones a los derechos humanos en condiciones tales que el castigo sea su separación de la sociedad y no, como ocurre actualmente, su deterioro físico, psíquico y dignidad como seres humanos.

Sabemos que miles de personas están privadas de libertad en condiciones de hacinamiento, y que la rehabilitación y consiguiente reinserción social de la población penal está lejos de ser una realidad. Pero todos ellos, independiente del delito cometido y de la pena impuesta, tienen derecho a acceder tanto a los beneficios de la Ley 18.216 sobre Penas Sustitutivas como a los beneficios penitenciarios, lo que causa mucha molestia en sus víctimas y familiares, por cuanto ven a sus agresores salir en libertad tras cumplir una parte de su condena o sin haber estado un solo día privados de libertad.

Por ello, más que buscar ventajas políticas a costa de revivir una y otra vez lo que nos divide, deberíamos coincidir en que cerrar penales es contradictorio con el discurso de mejorar nuestro sistema penitenciario y reforzar la necesidad de construir más recintos de este tipo, que nos permitan tratar a la población penal de tal forma que los programas de reinserción se conviertan en una posibilidad y no en una eterna promesa. Es decir, por nombrar tan sólo un ejemplo, entender que un primerizo, si realmente queremos rehabilitarlo, no debería convivir con un experimentado narcotraficante o asesino.

Cerrar Punta Peuco puede ser muy atractivo para los políticos, pero ello, en la práctica, no resuelve absolutamente nada. Sí puede ayudar a que el resto de los penales eleven sus estándares y ampliar la red penitenciaria de forma que los condenados se sometan a programas focalizados de rehabilitación, sin perder de vista jamás que la dignidad de quienes están cumpliendo condena debe ser protegida por el Estado, independiente del crimen que cometió.

Cabe agregar que quienes están condenados en Punta Peuco no son tratados como los demás sentenciados en nuestro país. Se trata de adultos mayores que, en su mayoría, pasan de los 70 o 75 años de edad y, por razones más políticas que jurídicas, se les niega reiteradamente acceder a los beneficios establecidos en la Ley 18.216 y a los beneficios carcelarios o extrapenitenciarios, sin considerar su edad avanzada o que padezcan enfermedades graves o terminales, ni que sus amigos o familiares, para visitarlos, deban pasar por controles más estrictos aún que en el resto de las cárceles.

No estoy de acuerdo con cerrar Punta Peuco. Creo que seguir ahondando en el odio y la división que por tantos años ha lastimado a nuestro querido Chile sólo sirve a los intereses políticos de un grupo que hoy ostenta el poder, y que ve en este tema tan doloroso para miles de familias una oportunidad para mantener abierta una herida y perpetuarse en el Gobierno, más que una política carcelaria que persiga justicia.

3

Carta de Alex Choquemamani

28 octubre 2015

En primer lugar, quisiera felicitar a El Mostrador por el espacio que nos brinda para discutir la problemática carcelaria del país, específicamente, el caso del penal de Punta Peuco. Asimismo, quisiera agradecer a la diputada Turres por su columna del pasado 7 de octubre.

Antes de responder a sus comentarios, me gustaría hacer una breve aclaración. El objetivo de mi columna fue expresar mi extrañeza ante la cobertura mediática que realizan algunos medios de comunicación —entre ellos, El Mercurio—, cuando resaltan sólo los problemas de la cárcel de Punta Peuco y dejan de lado lo que sucede en los demás penales del país, donde el hacinamiento y las condiciones infrahumanas de vida campean hace varias décadas. Esta forma de proceder no es “objetiva”, como se supone que debería ser la de todo medio de comunicación que aspira a la imparcialidad y la pluralidad de la información.

En cuanto a los comentarios de la diputada Turres, creo encontrar una contradicción cuando señala que las actuales condiciones carcelarias de Punta Peuco contribuyen al deterioro físico y psíquico de quienes cumplen condena ahí, y luego indica que el penal no debería cerrarse, sino que, más bien, tendría que servir de ejemplo para la construcción de otros recintos. Al respecto, quisiera preguntarle: ¿acaso lo más lógico no sería cerrarlo, justamente porque deteriora la integridad física y psicológica de sus reclusos? Pero creo la pretensión de la diputada no va por ahí, pues en el caso de que lo fuera, tendría que indicar qué otra pena diferente a la privación de la libertad (bajo condiciones carcelarias como las de Punta Peuco) debería aplicárseles a los condenados por violación a los derechos humanos.

Más allá de esta pregunta, lo que quisiera resaltar es lo siguiente: si las condiciones carcelarias de Punta Peuco de por sí dañan la integridad de los reclusos, entonces, cabe preguntarse cómo son las condiciones de vida en el resto de los recintos penales del país, donde no sólo hay enfermos terminales y adultos mayores, sino también madres, personas con VIH, enfermos mentales, etc., que no reciben la atención médica que requieren. Ni hablar del hacinamiento, que hace que conseguir un pequeño espacio para dormir pueda costar la integridad personal e incluso la vida. Menos de las sanciones disciplinarias, como la internación en “celda solitaria” —un lugar extremadamente reducido, oscuro, sin ventilación ni servicios higiénicos—, que muchas veces se prolonga por más tiempo del establecido, sin que ningún juez la supervise. Dicho esto, ¿podrá alguna autoridad seguir afirmando que Punta Peuco es una cárcel igual que las demás, y que no tiene privilegios?

La verdad es que recintos de este tipo nos muestran la desigualdad que existe respecto al cumplimiento de las penas. Mientras que unos condenados (violadores de derechos humanos) están en cárceles especiales, donde el hacinamiento no existe, otros (la mayoría) no sólo viven hacinados, sino que además no gozan de ninguno de los privilegios que tienen aquellos, a saber: sala de computación, biblioteca, cocina, cancha de tenis, etc. (1) Esta situación de inequidad no hace otra cosa que agravar el ya preocupante sistema carcelario del país.

Concuerdo con la diputada Turres en que el acceso a beneficios penitenciarios (permisos de salidas y libertad condicional) constituye un problema. Sin embargo, no creo que sólo afecte a los condenados por violaciones a los derechos humanos, sino a todos los privados de libertad del país. El problema del otorgamiento de beneficios penitenciarios se debe, entre otras razones, a la discrecionalidad con que estos se otorgan. En 2013, en la región Metropolitana, 2026 personas postularon a la libertad condicional, pero la comisión encargada sólo les otorgó el beneficio a 420. Los 1800 restantes ni siquiera saben por qué fueron denegadas sus solicitudes, pues las razones por las cuales estas se rechazan no se les comunican a los afectados. (2)

Las causas de esta problemática son, desde luego, muchas. No obstante, me gustaría destacar dos: la falta de una ley de ejecución de penas y la inexistencia de un juez de vigilancia penitenciaria. En Chile, actualmente, sólo tenemos un reglamento de establecimientos carcelarios de 1998, más una normativa dispersa, que regula los derechos, deberes y beneficios penitenciarios, cuando deberíamos contar con una ley de ejecución de penas, como la que tienen muchos países (entre ellos, España y Argentina). Por otra parte, la inexistencia de una judicatura especializada en materia de ejecución de penas trae como consecuencia que los privados de libertad estén en un “desamparo judicial” a la hora de defender aquellos derechos fundamentales que no pueden verse afectados por la condena (derecho a la vida, a la salud, a la integridad física, a la sexualidad, etc.). Por ello, soy de la opinión de que el problema de la concesión de beneficios carcelarios debería analizarse dentro de un marco amplio, teniendo presente los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Reconocer la existencia de una crisis carcelaria me parece un paso importante. Pero creo que lo fundamental es transformar esa realidad desde diferentes ámbitos (político, jurídico, social), para recién poder hablar de democracia, derechos humanos y Estado democrático de derecho.

 

(1) Esta información fue recaba por el Instituto Nacional de Derechos Humanos a partir de una visita in situ a la cárcel de Punta Peuco el 30 de abril del presente año. Esta institución luego presentó un informe al Ministerio de Justicia y a Gendarmería sobre las condiciones carcelarias del penal Punta Peuco.

(2) Véase el diario La Tercera de 3 de mayo de 2013.

1 Comentario

  1. Después de una inexplicable decisión, en el sentido mas profundo de la palabra, es decir, que no hubo razones de peso para cerrar Punta de Peuco, penal en que los militares pudieron cumplir condenas de una justicia prevaricadora, que no cumple las leyes y que no respeta principios básicos legales como la presunción de inocencia e igualdad ante la ley. Basta ver el trato de la justicia que recibió el diputado Teillier, quien, no obstante haber confesado su culpabilidad en la muerte de cinco escoltas del ex presidente Pinochet, y haber tenido una querella en contra, la justicia decide la prescripción. ¿Por qué, al mismo tiempo, la justicia no prescribe a los militares? Aquí hay venganza.

Para poder comentar en este debate, debes ingresar con tu cuenta.