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Persecución Académica en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile

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Joaquín Rodríguez Droguett

Estudiante y ex Consejero de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile

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Ennio Vivaldi

Rector de la Universidad de Chile

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Carta de Joaquín Rodríguez Droguett

05 diciembre 2017

Santiago, 5 de diciembre de 2017

Señor don Ennio Vivaldi Véjar
Rector de la Universidad de Chile

De mi consideración:

Por intermedio de este sistema epistolar del diario El Mostrador me permito dirigirme a usted muy cordialmente para conocer su opinión sobre los recientes hechos ocurridos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

Podría escoger temas estructurales como el déficit que se ha decidido en cada uno de los presupuestos aprobados durante la gestión del actual Decanato, siendo el último de ellos comentado por la propia directora económica de la Facultad en el sentido de que el inmenso ahorro que dejó don Roberto Nahum “prácticamente sería para un año más si seguimos con la misma dinámica”; o podría hablar de la política remuneracional que genera ese déficit, aquellos sueldos bien por sobre el precio de mercado que reciben ciertos profesores de la facción del Decano, llegando algunos incluso a ser objetados por la Contraloría General de la República por su excesividad y dudosa justificación. Ciertamente temas fijos podrían ser las medidas impopulares para paliar ese déficit estructural porque distribuyen la mayor cantidad de cargas en los estudiantes, quienes menos ganamos en este régimen, tales como el aumento de matrículas y todas las medidas aparejadas a este o como el aumento de arancel, que Harasic solicitó a la autoridad central de la Universidad elevarlo a un 10%.

Podría escoger el tema de las persecuciones que el Decanato hace a estudiantes en sede administrativa y penal que escapan al mínimo sentido común de convivencia universitaria, o todos los casos anteriores a esta fecha de persecución a académicos y funcionarios. Tratar todo lo que merezca ser tratado aquí podría hacer que esta epístola sea más larga que una del apóstol Pablo, y por eso solo me limitaré al tema coyuntural, el cierre de dos programas académicos, y me permito con usted y con los demás lectores de esta epístola abierta mencionar sus antecedentes inmediatos y sus circunstancias.

El actual Decano llegó a la Administración de la Facultad en 2015 en virtud de un pacto que hizo con la candidatura de la profesora Maricruz Gómez de la Torre, quien quedó abajo de la segunda vuelta. Prometió en segunda vuelta acoger parte de las propuestas y equipo de ella y dijo “la unidad se prueba con hechos… hemos tenido largas reuniones con la profesora Maricruz Gómez de la Torre, nuestros programas tenían grandes coincidencias… puedo anunciar con mucha satisfacción que Maricruz ha adherido a mi campaña… estos no son cálculos electoreros, esta es una union real… le he pedido a Maricruz que asuma el Vicedecanato durante mi Decanato y ella ha tenido la generosidad de aceptarlo”.

Resultó electo, y desde su asunción hasta esta fecha ha ampliado el claustro muy favorablemente a su facción, de lo que pudo concluir que no necesitaba más del apoyo de la facción de Maricruz Gómez de la Torre. Por ello en el mes de mayo de este año, a medio término de su mandato, decidió reestructurar el equipo de Decanato. Lo que parecía todo un enroque de personas y cargos en verdad fue una ceremonia para sacar a la Vicedecana, a quien puso esta vez como Directora de Investigación.

Hasta allí la polémica no fue mayor. Pero en el mes de septiembre se puso en evidencia lo profundo que era este quiebre. Se abría una vacante en el Consejo de Facultad, el máximo órgano de deliberación de la institución y que yo integré como representante estudiantil un tiempo, debido a que un consejero académico de libre elección renunció porque asumiría la Dirección de un Departamento dentro de la Facultad, lo que lo convertía en integrante del Consejo por derecho propio. Se presentaron dos candidatos, uno apoyado por la facción de Davor Harasic, el profesor Luis Bofill, y uno apoyado por la facción de Maricruz Gómez de la Torre, el profesor Sergio Cortés. Este último decidió impugnar la candidatura del primero ante el Prorrector de la Universidad, alegando que se trataba de una contraria a derecho, pues se exige de acuerdo al artículo 14 del Reglamento General de Elecciones y Consultas de la Universidad que los candidatos deben tener al momento de su presentación una jornada igual o mayor a 22 horas semanales (y el profesor Bofill sólo tiene una de 9), cosa que también se señala en la Resolución N° 642 de 7 de septiembre de 2017 del Decano de la Facultad. Sin embargo Decanato decidió solicitar una dispensa a las autoridades centrales de la Universidad para que el candidato impugnado pudiera competir, y ello fue concedido contra lo estipulado literalmente en las disposiciones citadas.

La candidatura del profesor que impugnó la del otro fue patrocinada por carta ante el Vicedecano por cinco profesores, entre ellos dos profesoras, la Directora de Investigación doña Maricruz Gómez de la Torre y la Directora de Posgrado doña Claudia Cárdenas, quien era del equipo de la primera. El día 10 de octubre fue la elección complementaria de Consejero de Facultad, y a la profesora Maricruz Gómez de la Torre le pidieron la renuncia el día 12 de octubre, y a la profesora Claudia Cárdenas el día 17 de octubre. Ahora que la situación no podía ser más grosera, la polémica sí escaló.

La profesora Gómez de la Torre presentó sus descargos públicamente, mientras tanto se desarrollaba la toma en la Facultad en contra de las medidas de implementación del aumento de matrículas, que entre otras cosas trataba con tal indiferencia a los estudiantes que hasta suprimían el bloque de almuerzo. Pero ahora último Davor Harasic decidió tomar una nueva represalia, consistente en cerrar dos programas académicos que hasta ahora habían tenido amplia recepción por sus frutos en docencia, investigación y extensión. Uno es de Relaciones Internacionales existente desde 2011, encargado al profesor José Rodríguez Elizondo, quien es marido de la profesora Maricruz, y el otro de Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia, a cargo del profesor Cristián Lepín, quien apoyó la candidatura al Consejo de Facultad del profesor Sergio Cortés.

Ante estos antecedentes y circunstancias cabe bien preguntarse ¿puede esto ser otra cosa distinta a persecución académica? El profesor Rodríguez Elizondo y el Decano se han correspondido a través del diario El Mercurio, en estos últimos días. El viernes el primero dijo que su programa fue creado por resolución nº 314 del Decano anterior, con aprobación del Consejo de Facultad y con el control de legalidad de la Contraloría interna, alegó que el cierre unilateral que hacía el Decano era contrario a Derecho y manifestó su asombro porque se tomara la decisión de cerrarlo sin hablar previamente con él nada y sobre todo después de que en Septiembre el Decano dijera en el prólogo a un libro publicado con una selección de la revista Realidad y Perspectivas, perteneciente a su programa, que esta revista era “un gran instrumento de Extensión”. El sábado por su parte Davor Harasic contestó que el cierre se debía a que no correspondía que los programas académicos que cerraba tuvieran esa figura, y que correspondía su administración a los Departamentos al interior de la Facultad, todo eso “en el interés de la Universidad por velar por el apego a nuestros estatutos y reglamentos”. El profesor Rodríguez Elizondo replicó el domingo que eso significaría acabar con la necesaria independencia estructural que hacía del programa precisamente ese “gran instrumento de Extensión”.

¿Por qué entonces, en este interés por el apego a nuestros estatutos y reglamentos, Harasic crearía sin embargo el segundo programa académico que ahora cierra? En efecto, el Programa de Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia fue creado con la misma figura que el de Relaciones Internacionales, pero en su propia administración, con su propia firma y autorización. Y más allá de eso ¿por qué entonces se empeña en pedir dispensas para saltarse las reglas de los Estatutos y Reglamentos al momento de contratar adeptos a él como profesores, para elevar en jerarquía a los que ya lo son o ponerlos en cargos a los que no podrían acceder conforme a nuestras reglas? ¿No es esto acaso una inconsecuencia flagrante, o un ejemplo excelente de lo que se llama la Ley del Embudo? Pido usted se pueda pronunciar al respecto de esto.

Le saluda cordialmente,

Joaquín Rodríguez Droguett

Estudiante y ex Consejero de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile

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