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El imperio de los Organismos Colaboradores Sename

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Vanesa Hermosilla

Profesora, presidenta ONG Emprender con alas, formadora del Movimiento Nacional por la Infancia

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Claudio Yañez

Ex interno del Sename

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Carta de Vanesa Hermosilla

17 enero 2017

Estimado Claudio:

Mi nombre es Vanesa Hermosilla, quien junto a Myriam del Canto, ambas ciudadanas chilenas y españolas,  nos constituimos en peticionarias de una denuncia ingresada con fecha 10 de Mayo 2016 a  la Comisión interamericana de Derechos Humanos (MC341-2016), en favor de los niños y adolescentes chilenos y extranjeros  bajo la red SENAME vs Chile ,  la cual fue  informada al  Estado de Chile con fecha 30 de Noviembre del 2016 , y quien debió entregar con plazo prorrogado,  la documentación a la  CIDH, este pasado  4 Enero 2017.

 Nadie  quiere menos, si puede obtener más. Después de leer su carta respuesta a  Edison Gallardo, escribo para  reflexionar con usted,  lo siguiente:

El Servicio Nacional de Menores se crea el 16 de Enero del año 1979 mediante el decreto  Ley 2465  quien además,  es servicio receptor de donaciones a través del ART.31 N°7 de la ley de renta.

Que Desde el año 2005 con  La Ley de subvenciones Sename N° 20.032, ´propuesta por el ex presidente Lagos, la que  señala en su  Artículo 8º.- El reconocimiento como colaborador acreditado podrá solicitarse en cualquier momento, sin perjuicio de lo cual el SENAME realizará llamados públicos a presentar solicitudes, por lo menos una vez al año,  incorpora a los OCAS a tener Convenios con Sename.

Que la Ley 20.032 lleva más de una década interviniendo con sus programas al niño y a su familia. Todos ellos en su gran mayoría a través de programas de colaboradores donde actúan los OCAS.

Personalmente  estimo que el número de ex usuarios, más  actuales usuarios y ex usuarios indirectos Sename ya  alcanza a más del 20% de la población de Chile, por cuanto deduzco  que  toda decisión estructural económica y administrativa tomada por Sename en el pasado y en la actualidad, fueron,  son y serán de alto impacto humano, lo que hace necesario insistir en la irresponsabilidad  que este servicio ha tenido hacia la población niñez y adolescencia protegida en Chile y hacia sus familias. Y especialmente respecto al debido  cumplimiento de los acuerdos sociales y económicos, de los derechos del niño, de los derechos de los niños y adolescentes discapacitados bajo su resguardo, de los derechos señalados por la comisión interamericana de derechos humanos respecto a la protección de la familia, y de los derechos protegidos contra toda forma de maltrato a mujeres y niñas (según art 5 de la Constitución de la República).

Si bien no es posible singularizar cuáles organismos colaboradores realizan adecuadamente su rol de protección de la niñez y adolescencia dado que no hay cifras oficiales que demuestren aquello, salvo variables que personalmente he recopilado  para conocer la condición de niños al interior del Sename, se me hace necesario evidenciar esta vez, el relato de una funcionaria de Coanil recibido durante el transcurso de una sesión de la Comisión Investigadora CEI29 del año 2016 donde ambas éramos público asistente. Sus palabras fueron: “No es necesario tener 8 gerentes (incluido fiscal y contralor)  con sueldos millonarios en Coanil, mientras nosotras desempeñamos el trabajo con sueldos mínimos y alta recarga laboral que supera nuestra capacidad. Por  convenio Coanil debe atender 60 plazas… y que si usted va, la invito al centro de La Reina verá con sus propios ojos que la cantidad de personas supera 100 plazas”.  Niños y adolescentes que por sus especiales características físicas  hay que brindarles adecuada  atención y el trabajo requiere especialización, actitud humana y condición física adecuada para resistir la sobrecarga laboral. (Fuente: Res Exenta 0806, Sename).

 El Dilema

Este denominado “sistema de protección” ¿Qué amerita? ¿Inyección de fondos? ¿Fiscalización adecuada?,  ¿responsabilidad económica en redistribución financiera de las donaciones para los cumplimientos de los DDHH de la niñez y adolescencia?, ¿cierre de los proyecto y traspaso responsable al Estado?, ¿cuál ha sido el costo  humano de decidir externalizar la responsabilidad tutelar del Estado de Chile hacia la niñez y adolescencia y a sus familias?

¿Qué motiva a un OCAS a recibir más niños que los establecidos por convenio?

Es decisión de cada OCA el mantenerse o alejarse de este tipo de responsabilidades sociales. Los Ocas autónoma y responsablemente decidieron ser licitantes para obtener por convenio colaboración con el Estado. Al decir autónomamente, me refiero a  que los OCAS reciben la mayoría del presupuesto de Sename (65%) vía transferencias, con más de $145 mil millones en 2015, que se dividen en $127 mil millones destinados al área de protección de derechos y $17 mil millones al área de justicia juvenil. Los OCAS en 2015, en total, atendieron a 196.659 menores, resaltando,  estimados Claudio,  que cada organismo colaborador además del Convenio de la Ley 20.032, por su condición de colaborador Sename accede a obtener especiales donaciones autorizadas legalmente. Al respecto observé que la campaña de donaciones para los OCAS fue una constante publicidad más respecto a montos de  recaudación de los años 2015 y 2016,  no he visto publicación donde algún OCA señale publica y transparentemente, qué hizo con donaciones efectuadas con fines sociales, ley n° 19.885 que establece el beneficio a la empresa privada poder rebajar como un crédito una determinada parte de los montos efectivamente donados a instituciones que prestan servicios directos a personas de escasos recursos o discapacitadas. Remarcar estimado Claudio, respecto al destino que los OCAS decidan para los fondos donados: no se ha considerado controlar o fiscalizar,  la destinación directa de esos recursos al directo bienestar de niños y adolescentes, quedando sin control y al  imperio de los OCAS.

 

 

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Carta de Claudio Yañez

19 enero 2017

Estimada Vanesa,

Antes que todo agradecer tu interés por trabajar en materia de infancia, particularmente hacer un reconocimiento a tu carta, en la que nos presentas una reflexión muy interesante, respecto del financiamiento de las OCAS y del “uso” de estos recursos económicos por parte de estas instituciones sin fines de lucro.

Te quiero contar que a título personal y como gerente de la Fundación ECAM, hemos tenido una posición crítica respecto de la labor desarrollada por las OCAS, la que hemos expresado en diversos medios de comunicación y ante las actuales autoridades. Es por ello que resalto algunos aspectos de tu análisis, que considero son interesantes de comentar, me refiero principalmente a:

– La mención que haces del incumplimiento del derecho de los niños, niñas y adolescentes discapacitados bajo la protección del estado, ya sea en forma directa, o mediante sus organismos colaboradores.

– La constatación vivencial de una funcionaria de Coanil, quien hace hincapié en las importantes diferencias salariales entre la plana gerencial y los trabajadores de trato directo, destacando las difíciles condiciones de trabajo a las que se ven expuestos.

– Mención aparte para las preguntas enunciadas del llamado “sistema de protección”: ¿Qué amerita? ¿Inyección de fondos? ¿Fiscalización adecuada?, ¿responsabilidad económica en redistribución financiera de las donaciones para los cumplimientos de los DDHH de la niñez y adolescencia?, ¿cierre de los proyecto y traspaso responsable al Estado?

– La constatación en tu carta del importante aporte presupuestario desde el Estado a las OCAS, representando el 65% del total administrado por el SENAME, mediante la vía de transferencias, sumado al acceso a donaciones autorizadas legalmente.

– Un elemento importante a tener en cuenta es la necesidad de transparencia de los gastos de las OCAS.

Desde mi perspectiva de lo expuesto en tu carta y de anteriormente señalado por mí, en carta anterior, específicamente a no discriminar a los NNA sobre la base de transferencia de fondos a las OCAS, es en esta afirmación que realizo en la que me quiero detener, para vincular con el interesante análisis que nos presentas.

¿A qué me refiero con la afirmación anterior?

1. No estar de acuerdo con el aumento presupuestario 2017 para las OCAS, ya sea, por el reducido impacto en la garantía de derechos o alta vulneración de física, moral, y espiritual de los NNA bajo su resguardo o porque hay un afán de “lucro”, pero si validar la llegada de nuevos recursos a las instituciones de administración directa del SENAME, cabe preguntarnos, si el SENAME es más eficiente que las OCAS en atender al interés superior del niño, yo creo no, o preguntarnos si la repartición de “cuota política” del Ministerio de Justicia particularmente del SENAME, no es otra forma de “lucrar” intereses personales o de partidos políticos, a mí me parece que sí. Por tanto, creo que tenemos un sistema que debe ser concebido y refundado completamente sobre la base de una transformación de las Instituciones del Estado vinculadas a la infancia y a la adolescencia.

2. Ahora bien, el estado transfiere el 65% del presupuesto total del SENAME a las OCAS, no podría ser de otra manera, dado que el Estado decidió entregar a los privados más del 90% de las plazas totales del sistema de protección. No es que entregue más a las OCAS en desmedro de los NNA bajo el resguardo del SENAME. Con esto tampoco estoy diciendo que me parece bien que sea así, es la mera constatación de un hecho conocido por todos.

3. Al día de hoy, en que aún no contamos con una nueva institucionalidad que ajuste a los servicios públicos en materia de infancia apegado a Derecho Internacional y a DDHH, por otra parte, hemos tomado conciencia de la transformación profunda que requiere el actual sistema que se caracteriza por contar con políticas publicas fraccionadas, precarias, focalizadas y sin una institucionalidad que las regule, articule y fiscalice, estoy convencido de que el Estado debe tomar ACCIONES URGENTES para resguardar y garantizar los derechos de los NNA de todo el sistema (Sename y OCAS), que sin lugar a dudas no van a resolver la situación actual, pero deben estar orientadas a mitigar el riesgo al que se ven expuestos los NNA, sus familias y trabajadores del sistema.

4. Hay muchas acciones a “costo cero” para el estado que puede generar un gran impacto en la transparencia de la gestión de las OCAS, me refiero a que en diversas reuniones he expuesto la necesidad de que todas la organizaciones privadas con o sin fines de lucro, que sean receptoras de fondos públicos deben estar adscrita a la Ley de Probidad y Transparencia del sector público y a la Ley de Lobby que también forma parte de la citada ley, con ello daríamos un gran paso para conocer.

5. Finalmente, referirme al “incumplimiento del derecho de los niños, niñas y adolescentes discapacitados o con necesidades educativas especiales (NEE)”, considero que es una de las realidades más crudas, abandonadas y menos tratadas que existen en el actual sistema, por tanto es aquí donde debemos profundizar los requerimientos para la nueva institucionalidad, para abordarla de tal manera de poder asegurar una INCLUSIÓN REAL de los NNA con necesidades de tratamiento específico para lograr avances en el proceso educativo y de inclusión social.

Las propuestas de mejora que he planteado para el actual sistema, toman como sustento: Atender al Interés Superior del Niño, de acuerdo al Art. 3º de la Convención de Derechos del Niño, orientado a garantizar la integridad, física, moral y espiritual de los NNA, pero principalmente a ser oídos en medidas y decisiones que les afecte. Que de por fin nuestro país cuente con políticas publicas ajustadas a los estándares internacionales a los que adscribió libremente, terminando con la doctrina de la situación irregular del año 1979, para pasar a la concepción de los NNA como sujetos de derecho y no objeto de las políticas públicas de lógica asistencial y tutelar a “menores” en situación irregular. En definitiva contar con una institucionalidad que asegure una protección universal diferenciada e integral de los NNA.

1 Comentario

  1. Efectivamente Vanesa, Las OCAS no han obrado transparentemente en cuanto al uso de los subsidios que le otorga el Estado a la función de protección de los niños vulnerados de sus derechos, estás en todo lo correcto. Pero lamentablemente no todos los niños deben o pueden devolverse a sus padres, por diferentes motivos que ambas conocemos. Sin embargo lo más prudente es que si estas OCAS han demostrado incapacidad de protección y cuidado, es que ahora comiencen a transparentar el uso de los recursos, porque recordemos que esas platas son entregadas con dineros de todos los chilenos. Hay que descongestionar las OCAS, pero responsablemente. y si de recursos se habla exigir mayor fiscalización.

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