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El declive de los gobiernos progresistas en Latinoamérica: ¿Y ahora qué?

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Decio Machado

Director, Fundación Alternativas Latinoamericanas de Desarrollo Humano y Estudios Antropológicos

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José Miguel Ahumada

Doctor en Filosofía, Estudios de Desarrollo, Universidad de Cambridge

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Carta de Decio Machado

12 abril 2016

Estimado José Miguel:

A propósito de los cambios que se han venido produciendo en este último tiempo en el panorama político de nuestro continente, quería acercarte algunas reflexiones con el afán de generar entre nosotros un diálogo enriquecedor. Lo cierto es que entre el 2 de febrero de 1999 —primera investidura como presidente del comandante Hugo Chávez en Venezuela— hasta hoy, han pasado diecisiete años de llamado “ciclo progresista”.

Al igual que Chávez fue fruto político de la revuelta popularmente conocida como el Caracazo (1989) y el derrocamiento de Carlos Andrés Pérez en 1993, los demás presidentes progresistas lo fueron también de un ciclo de levantamientos populares que provocaron, directa o indirectamente, la caída de una decena de presidentes sudamericanos: Abdalá Bucaram (1997), Jamil Mahuad (2000) y Lucio Gutiérrez (2005) en Ecuador; De la Rúa y Rodríguez Saá (2001) en Argentina; Sánchez de Lozada (2003) y Carlos Mesa (2005) en Bolivia; Raúl Cubas (1999) en Paraguay; Alberto Fujimori (2000) en Perú; y Collor de Melo (1993) en Brasil.

Con excepción de la revuelta zapatista, todas las grandes acciones populares durante este período terminaron desembocando en procesos electorales que llevaron al poder a dirigentes que no habían participado en las revueltas (caso de Correa), que participaron lateralmente en ellas (caso de Evo o Lula), o que habían actuado incluso en el campo opuesto (caso de Néstor Kirchner).

Al ciclo de luchas le sustituyó uno de estabilidad, donde estos Gobiernos gestionaron sin generar grandes rupturas —quizás Venezuela puede ser la única excepción— con el modelo de acumulación y matriz productiva heredado del neoliberalismo.

Acompañados por un ciclo económico favorable, fruto del aumento especulativo de los precios de los commodities, los Gobiernos progresistas tuvieron en común el fortalecimiento/reposicionamiento del Estado, la aplicación de políticas sociales compensatorias como eje de las nuevas gobernabilidades, el modelo extractivo y la exportación de commodities como eje de su crecimiento económico y la realización de grandes obras de infraestructura. Es decir, un agresivo extractivismo a cambio de políticas sociales y el incremento de la capacidad adquisitiva a cambio del festín consumista fueron dos de los ejes del ciclo progresista que comienzan a dejar serios lastres: en Ecuador, mientras las 300 principales empresas del país controlan casi el 50% del PIB nacional y ganan más que nunca, el 41% de los hogares gastan más de lo que ganan —siendo los más endeudadas quienes menos ingresos perciben—, y el 43% de los solicitantes de préstamos los piden para pagar otras deudas contraídas; en Brasil, donde la existencia de tarjetas de crédito y cuentas corrientes casi se duplicó entre los pobres, los bancos obtienen records en su tasa de beneficios, mientras la tasa de endeudamiento familiar ya alcanza cerca del 70%.

Pero la caída de los precios de los commodities en el mercado global marcó el fin de una fiesta de la que empezamos a ver los resultados: los productos primarios representaron el 73% de las exportaciones latinoamericanas hacia China y las manufacturas con valor agregado apenas el 6%. Países como Venezuela incrementaron su dependencia petrolera hasta alcanzar el 95% de sus exportaciones; o Brasil, el país más industrializado de la región, sufre un proceso de desindustrialización consecuencia de priorizar sus ventas de soja y minerales al gigante asiático.

Y ahora qué hacer para volver a ganar las simpatías populares es la pregunta sin respuesta entre los mandatarios progresistas, mientras ven a Macri en la Casa Rosada y a dos millones de venezolanos —antes chavistas— dándole la espalda a Maduro, al PT brasileño absolutamente desprestigiado o, incluso, al propio Evo cabizbajo tras perder el referéndum popular para su reelección.

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Carta de José Miguel Ahumada

15 abril 2016

Estimado Decio:

La izquierda tiene muchos objetivos políticos, pero uno medular es reducir el poder del capital sobre la reproducción social, o sea, imponer una racionalidad material (de distintos tintes, desde la búsqueda de la autonomía social, la democracia, igualdad, ciudadanía, etc.) por sobre la racionalidad formal del capital (cuyo único tinte es su propia acumulación permanente, tautológica). En otras palabras, la izquierda busca modificar (o, en su defecto, eliminar) los criterios que el capital impone tanto sobre la producción y distribución de los bienes materiales como sobre la forma en que construye el orden social.

Y este anhelo de la izquierda es por un motivo claro: cuando el capital deviene en el principio rector de una sociedad, los resultados son (contra toda prédica liberal) catastróficos. Crisis financieras, aumento de las desigualdades, formación de oligarquías rentistas, corrupción y austeridad para la base social productiva. La utopía del libre comercio, como nos recuerda Polanyi, abre las puertas para los peores cataclismos sociales.

América Latina vivió desde los 80 hasta mediados de 2000 una utopía similar: La ola de liberalización comercial y financiera, sumada al masivo proceso de privatizaciones y disciplinamiento laboral abrió las puertas para un terremoto financiero —crisis financieras en México (1994), Brasil (1998), Argentina (1994 y 2001), Ecuador (1999), etc.—, profundización de las desigualdades —entre 1980 y 2002 Argentina pasa de 0,42 Gini a 0,56; Brasil de 0,53 a 0,58; Venezuela de 0,46 a 0,49, Ecuador, entre 1988 y 2007, de 0,50 a 0,53—, un proceso de desindustrialización prematura —como promedio de la región, la participación del sector industrial en el total del PIB cayó de alrededor del 27% en 1980 al 18% en 2000— y débiles tasas de crecimiento —el PIB per cápita promedio regional entre 1984 y 2003 fue 1,4%—.

Lo anterior consolidó, como plantea Ben Ross Schneider, un capitalismo jerárquico y rentista: centrado en exportación de recursos naturales a manos de nuevos capitales transnacionales que llegan desde los 90 y un fuerte capital comercial interno que desplaza a la industria nacional.

Sin embargo, ante ese escenario, ocurren dos fenómenos entre fines de los 90 y mediados de 2000: comienza, en el plano interno, como bien dices, una ola de resistencia popular ante dichos magros resultados que desemboca en nuevos gobiernos críticos al neoliberalismo y, en el plano externo, el nuevo boom de demanda china sobre los recursos naturales latinoamericanos.

El último fenómeno es medular: el capitalismo latinoamericano estaba en franca descomposición a fines de los 90 y la industrialización acelerada de China, que comienza su amplia demanda de los principales commodities latinoamericanos, le brinda una fuente de respiración artificial. China está sedienta del petróleo de Venezuela y Ecuador para alimentar la flota de buques, autos y camiones de la nueva infraestructura automotriz; del cobre de Chile y Perú para productos electrónicos y para la naciente burbuja inmobiliaria; de minerales de hierro de Brasil para el acero de las nuevas ciudades; y de soja de Argentina y Brasil para alimentar el ganado con que se alimenta la población.

Esta nueva demanda reactiva las exportaciones y también dispara los precios de los commodities, generándose una inmensa cantidad de recursos disponibles para la región. Y este boom es aprovechado por los gobiernos progresistas: nuevas políticas tributarias y sociales permiten redistribuir la riqueza generada, reduciendo la desigualdad y construyendo un embrionario régimen de bienestar. Efectivamente, los resultados sociales han sido importantes: por ejemplo, en Argentina el Gini cae de 0,56 en 2002 a 0,42 en 2013, Brasil de 0,59 en 2001 a 0,51 en 2014, y Bolivia de 0,58 en 2005 a 0,47 en 2013.

El ciclo progresista impone criterios a la distribución de ingresos ajenos a la acumulación de capital: el boom de los commodities hubiera terminado en una explosión de desigualdad y un enriquecimiento inusitado de las oligarquías rentistas de no haber mediado los gobiernos progresistas. Y por eso debemos estar agradecidos.

Sin embargo, lo que los gobiernos ganaron en el terreno distributivo, lo cedieron en el terreno productivo. El capitalismo rentista y jerárquico cedió terreno en el primero, pero se mantuvo intacto en el segundo y, sumado a la nueva demanda china, profundizó las tensiones que se venían dando desde los 90: desindustrialización y reprimarización de la matriz productiva. De esta forma, el triunfo redistributivo dependía de una inestable situación productiva, el boom de los commodities resultó ser pasajero y no se utilizaron los excedentes para entrar en la batalla por un nuevo ciclo industrializador.

Hoy por hoy, los gobiernos progresistas viven las consecuencias de caminar en su nueva ruta con los pies del antiguo régimen: los países de la Unasur exportaban 42% de recursos naturales en 2001, hoy 50% y, mientras los precios de los commodities se desploman, la caída de las exportaciones se profundiza —en 2015, las exportaciones en Venezuela cayeron un 49%, 32% en Bolivia, 28% en Ecuador, 15% en Brasil.

Este desplome afectará la capacidad fiscal de los gobiernos para mantener sus políticas sociales (principal fuente de legitimidad) en un contexto de crisis de corrupción en Brasil, Venezuela y Argentina. Este escenario ha implicado, como afirma Sánchez-Ancochea, la articulación de tres situaciones críticas para los gobiernos: crisis de corrupción, crisis económica y rearme conservador de las élites rentistas.

Aquello ha puesto en jaque a la izquierda: de la matriz productiva que dejó en manos de la oligarquía emergió de nuevo ésta como actor político clave y, aprovechando la coyuntura favorable, vuelve a la ofensiva por retomar el poder que momentáneamente compartió con la izquierda.

Así, es muy probable que Macri sea el espejo de América Latina en su futuro próximo.

Una izquierda nueva puede también aprovechar dicha coyuntura y hacerle frente al rentismo de la oligarquía: la situación requiere de medidas más radicales, de articular un nuevo proyecto que invada el terreno productivo, hoy en manos del capital multinacional, e imponga un nuevo proyecto industrializador y sustentable, que haga de matriz sólida para revigorizar las políticas sociales y distributivas. Pero aquello requiere de un paso políticamente peligroso, pero necesario: no llegar a consensos espurios con la oligarquía (izquierda en los redistributivo, rentista en lo productivo), sino definitivamente sacarla de su espacio de poder.

En definitiva, es necesaria, para hacerle frente al rearme conservador, una izquierda radical.

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