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¿Decide con racionalidad técnica el director del SII?

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Víctor Pérez

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Bernardo Lara

Abogado

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Carta de Víctor Pérez

03 mayo 2016

A Bernardo Lara:

El abogado Bernardo Lara ejerció como subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos entre 1996 y 2004. Reasumió en septiembre de 2015 por decisión de Bachelet. En La Tercera del 30 de abril hizo un ejercicio de retórica técnica para defender la facultad que el artículo 162 del Código Tributario asigna al director del Servicio para decidir, discrecionalmente, en qué casos procederá la persecución criminal de un delito tributario, es decir, el infractor podrá terminar preso, y en qué casos la organización estatal se contentará con la aplicación de una multa.

El descontento popular ante los políticos se origina y justifica cuando constata que se emplea un lenguaje que, satisfaciendo a la élite que ejerce el poder, o que se halla cerca de éste por razones políticas o económicas, resulta evidente que no da cuenta transparente de las realidades, que el pueblo percibe por medio del sentido común.

El funcionario sostiene que el director del SII aplicaría, en forma “racional” y “responsable”, ciertos “criterios históricos”, constituidos por “el monto del perjuicio fiscal, la reiteración de la conducta, la calidad de la prueba reunida, relevancia del caso en la región a que pertenece y el efecto pedagógico o ejemplarizador que la querella puede provocar en el resto de los contribuyentes”. No explica Bernardo Lara cómo es que la entelequia que resulta de la interacción de esas vaguedades pueda arrojar una decisión demostrablemente objetiva e imparcial en cada caso.

Su discurso es ejemplo patente de esa retórica técnica, políticamente correcta, que carece de mínima credibilidad ante la ciudadanía. Recuérdese que durante 2002 y 2003 se descubrió la vergüenza de los “sobresueldos”. Por años, los ministros de los gobiernos de la -hoy llamada- Nueva Mayoría recibieron, mes a mes, fajos de billetes, dentro de unos sobres, provenientes de “gastos reservados”, asignados por la Presidencia. Evidentemente que los ministros no habían declarado esas rentas en sus declaraciones de impuestos, y no habían pagado tributo alguno. Un chileno corriente, en esa misma situación, podría haber enfrentado una querella y la cárcel. Por hechos similares, el 15 de septiembre de 2015, la fiscalía argentina pidió siete años de cárcel para el ex Presidente Menem, y sus ministros Cavallo y Alsogaray, por sustracción de caudales públicos.

Pero en Chile nada se persiguió ante los tribunales. El 4 de diciembre de 2002, durante el lapso en que el señor Bernardo Lara fue subdirector jurídico,  el entonces director, dependiente del ex presidente Lagos, dictó una resolución, de apariencia racional, que determinó que los billetes se habrían entregado para “gastos de representación” y por ello serían “ingresos no constitutivos de renta”, de manera que el SII carecería de facultades de fiscalización, a menos que los ministros receptores del dinero, voluntariamente, los declararen.

¿Alguien pudo creer que los ministros no empleaban esos fajos de billetes para pagar sus gastos personales? La resolución del director cubrió una grave infracción fiscal. Los infractores no eran chilenos corrientes, eran políticos, las figuras emblemáticas de la izquierda y de la DC. Ni siquiera en Argentina, de cuya sanidad institucional suele dudarse, se llegó a un extremo como el que en Chile se ejecutó sin que nadie se sonrojara.

Al menos desde el 4 de diciembre de 2002, la autoridad pública que representa el director del Servicio carece del valor de la integridad institucional. El chileno no es ingenuo y lo advierte. Lo que había de integridad institucional, que no era poco, se perdió, para el salvataje de ministros y presidentes concertacionistas.

¿Podemos creerle al señor Lara que ahora el director del SII actúa de modo “racional” y “responsable”, por medio de la aplicación pura de “criterios históricos”, para decidir qué chilenos irán a la cárcel por boletas o facturas ideológicamente falsas, y a cuáles sólo se cobrará una multa?

Para creerle habría que incurrir, en mi opinión, en un grado de ingenuidad que se perdió cuando la autoridad tributaria ejerció su facultad legal salvando a sus correligionarios concertacionistas. Y menos se puede hacer fe ahora que el Servicio presenta querellas nominativas contra ciertas personas, excluyendo a otras con nombres y apellidos.  Jorge Clariá Olmedo, en la doctrina comparada, explica las razones por las que una vez deducida querella o denuncia en relación con un hecho criminal, puede perseguirse a todos sus autores, cómplices y encubridores, aunque el querellante o denunciante no los incluya o pretenda excluirlos. Cualquier otro entendimiento viola la regla constitucional de igual trato. Pero el director, que es asesorado jurídicamente por Bernardo Lara, dispara contra unos, y excluye del disparo a otros. ¿Son decisiones “racionales”?

 

1 Comentario

  1. Cómo ciudadano descontento por el errático proceder del SII, donde por un lado condonan a algunos el no pago de impuestos y por otro lado persigue a unos y a otros no, debo comentar que el SII está para aplicar la ley, pues como ente estatal, no puede actuar al antojo del director de turno, ni por sobre la ley, por ende en lugar de criticar y politizar, no es mejor arreglar la base, mejorando, modificando o creando leyes precisas para estos casos. Así evitamos estas situaciones y “criterios históricos”, mientras observamos con sorpresa y decepción, cómo funcionan nuestros organismos y se politizan estos problemas, los cuales se pueden corregir con mejores leyes.

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