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Cruch y lobby

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Cristián Jamett

Sociólogo. Académico, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad Arturo Prat

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Fernando Montes

Rector, Universidad Alberto Hurtado

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Carta de Cristián Jamett

11 junio 2015

Señor rector Montes:

Junto con saludarlo, mediante esta carta quisiera realizar algunas puntualizaciones críticas respecto a una serie de entrevistas dadas por usted recientemente a medios de comunicación escritos y de televisión, en respuesta a la iniciativa de gratuidad al 60% de los alumnos de las universidades del Cruch, donde señaló que la práctica de dicho consejo de rectores se “asemeja a un cartel con un enorme poder de lobby”, concepto que posteriormente especificó “como económico”, es decir “como un grupo de empresas que tiene controlado un territorio y no deja que venga otro”.

En mi opinión, estas afirmaciones no sólo dan cuenta de un mal manejo comunicacional, sino que además profundizan un sesgo ideológico no explicitado, si consideramos que las palabras, así como el “discurso social” en general, son susceptibles de funcionar como vector de ideas, representaciones e ideologías (Angenot, 2010) (1). En efecto, sus dichos insisten en “privatizar y particularizar” la condición estatal de las dieciséis universidades públicas que pertenecen a este organismo para situarla a la altura de cualquier corporación privada que necesita “actuar como cartel para hacer lobby” frente al Estado —como sucede con algunas empresas en el proceso legislativo o en el financiamiento de las campañas políticas—.

En estricto rigor, una dimensión del Estado —como lo son sus universidades— no puede hacer lobby consigo misma en forma de cartel, ya que parte de una misma condición estatal, e intuyo que este desconocimiento es consecuencia del alejamiento de su rol como intelectual tradicional, lo cual le habría permitido distinguir la diferencia entre Estado y sociedad civil (2), para actuar en esta coyuntura como un “intelectual orgánico” al intentar con sus intervenciones dotar de sentido ideológico y herramientas discursivas de defensa corporativa a las universidades privadas y confesionales a partir de una crítica al Estado próxima al pensamiento neoliberal-gremialista criollo, para quienes la sociedad no es otra cosa que una suma de instituciones intermedias, reduciendo con ello las instituciones del Estado a la condición de “semipúblicas” con el objeto de equipararlas en el mercado a las corporaciones privadas y así obtener subsidios en igualdad de condiciones.

Dogma difundido, por lo demás y en parte, gracias a algunas universidades privadas y confesionales que promovieron un consenso ideológico-cultural en torno a un proyecto neoliberal-neoconservador —léase ultraliberal en lo económico y ultraconservador en lo valórico—, respecto a temas como la defensa del libre mercado y la familia tradicional, entre otras combinaciones. Todas definiciones antes hegemónicas que hoy han sido disputadas con relativo éxito por los nuevos y viejos movimientos sociales, medios de comunicación y editoriales alternativas, junto a universidades o facultades vinculadas al pensamiento crítico, entre las cuales se encuentra la propia Universidad Alberto Hurtado, no así su rectoría.

El hecho de que una universidad confesional tenga como opción la inclusión y la calidad, no debiera constituir condición suficiente para que el Estado la financie, pues no cambia su condición de origen y desarrollo privado que profesa una visión religiosa particular sobre la sociedad. A modo de ejemplo, nunca he visto al sacerdote jesuita Felipe Berríos pidiendo recursos al Estado para su corporación religiosa mientras “hace voto de pobreza” en las tomas de terreno de Antofagasta. Todo lo contrario, como se trata de su opción de vida, lo he visto dignificando a los vecinos para exigir más intervención del Estado en la solución pública de sus demandas habitacionales. En otras palabras, una cosa es pedir financiamiento para los pobres y otra muy distinta es que de ese financiamiento la institución privada se vea beneficiada directa o indirectamente.

Para finalizar, quisiera aclararle que estas palabras las escribo desde mi rol de académico perteneciente a una universidad estatal, laica, pública y regional, una de las menos financiadas por el Estado, producto de la invariabilidad histórica de la ley de financiamiento, a pesar de que nuestros estudiantes provienen en su totalidad de liceos municipales y colegios subvencionados, especialmente de los más bajos quintiles regionales y a quienes esta política social está orientada, por lo que no me queda más que lamentar que las críticas más neoconservadoras hayan venido justamente de autoridades progresistas del mundo confesional, pues distorsionan el debate de fondo al reeditar la pequeña defensa del lucro privado con recursos públicos que hicieran los sostenedores de los colegios particulares subvencionados durante el año 2014.

Se despide atentamente,

 

(1) Angenot, Marc (2010). El discurso social, los límites histórico de lo pensable y lo decible. Argentina: Siglo XXI, 2012.

(2) Al respecto le sugiero ver el texto clásico de Hegel, Guillermo (1937). Filosofía del Derecho. Argentina: Claridad, 1968.

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Carta de Fernando Montes

15 junio 2015

El Sr. Montes respondió que no participará en el presente debate, dado que su atención está puesta en la toma de varias sedes de la universidad que dirige.

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