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Crisis en salud pública: el exterminio de los más pobres

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Alejandro Navarro

Candidato Presidencial/ Profesor/ Senador/ Partido PAÍS/ Ex Pdte FEC 88'/ Colocolino, díscolo y revolucionario #NOmasAFP #Mas MedicosParaChile

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Carmen Castillo

Ministra de Salud

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Carta de Alejandro Navarro

01 mayo 2017

Estimada Ministra de Salud Carmen Castillo:

La salud pública vive una catástrofe y los costos los están pagando los más pobres de este país, ese 80% de chilenos y chilenas que se atiende en el sistema público de salud  y que están muriendo producto de la falta de atención.

Las estadísticas entregadas por el Ministerio de Salud y el Fondo Nacional de Salud (FONASA) a raíz de diversos oficios a través de Ley de Transparencia (ORD 573-2017, 2707-2017, AO001T0000295) son claras: desde la creación del Repositorio de Listas de Espera el año 2005, han muerto casi 100 mil chilenos que estando en lista de espera para atención con un médico o para una cirugía.

Si bien, desde el Ministerio han argumentado que no se puede establecer relación causal entre el motivo de espera y la causa de fallecimiento, esto no ha sido refutado ni tampoco investigado, situación que nos motivó a presentar el 24 de abril, una denuncia criminal por el delito de homicidio por omisión contra quienes resulten responsables.

Las cifras son dramáticas: entre el año 2010 y el 2015, fallecieron 57.551 personas esperando consulta con un médico especialista y 10.083 esperando una cirugía no GES. Esta cifra aumenta exponencialmente el año 2016, donde en solo 12 meses, fallecieron  22.459 personas, de los cuales, 237 eran niños y niñas menores de 15 años que esperaban atención con un especialista pediatra o una cirugía infantil.

Por lo anterior, es que el 19 de enero de 2016, presentamos una denuncia contra el Estado de Chile ante el Comité de Seguimiento de la Convención de Derechos del Niño de la ONU, a efectos de que se pronuncie respecto de las denominadas listas de espera que afectan y condenan a la vulneración de sus derechos, a miles de niños y niñas.

Pero lo más grave son los 11.507 chilenos que fallecieron con su garantía AUGE vencida. Esto significa que miles de chilenos y chilenas, entre ellos, niños y niñas, fallecieron sin haber tenido tratamiento de patologías de alta gravedad como cáncer, enfermedades renales, diabetes, VIH/SIDA, hemofilia, enfermedades pulmonares obstructivas, fibrosis quística, epilepsia, asma bronquial, parkinson, artritis, esclerosis múltiple, hepatitis, hipotiroidismo, lupus, enfermedades del corazón y cerebro, infarto al miocardio, marcapasos, accidente cerebrovascular, hemorragia subaracnoidea, tumores, cardeopatia congénita, artrosis, neumonía. Falta de tratamiento para enfermedades de salud mental como esquizofrenia, depresión, consumo de alcohol y drogas, trastorno bipolar, solo por nombrar algunas de las 80 patologías que el AUGE debería asegurar un acceso oportuno.

Las cifras de personas fallecidas con garantía AUGE vencida confirman con fuerza la tesis de que existe el eventual delito de homicidio por omisión, producto que el Estado y sus órganos no han brindado las garantías de acceso a la salud, contraviniendo lo que señala la Constitución Política de Chile en su artículo 19, numeral 9: “El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo (…) Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea este estatal o privado”.

Es irrefutable que la salud pública está en crisis, y la falta de médicos solo es uno de los factores determinantes en esta grave situación. El propio Ministerio de Salud reconoce que son 3.795 médicos los que faltan para completar la oferta de profesionales en la red pública, que corresponden a 2.791 especialistas y 1.004 subespecialistas, y si bien existe un programa estatal de formación, los cupos más urgentes recién comenzarían a suplirse en 2018, de los cuales no existe certeza de que presten servicio en el sistema público, ya que los Servicios de Salud no cuentan con las herramientas jurídicas para asegurarlo.

Es por eso que tengo la convicción de que Chile requiere de forma urgente una Reforma integral al Sistema de Salud, que solucione en el mediano plazo esta grave crisis, producto de que vivimos en una sociedad en donde la desigualdad se expresa en que si tienes dinero puedes atenderte en una clínica privada, y si no, te mueres.

Esta crisis ha tenido como consecuencia el exterminio de los más pobres. La Real Academia de la Lengua Española define exterminio como la eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. En este caso tenemos a cientos y tal vez miles de chilenos que han fallecidos por el sólo hecho de ser pobres.

Esta crisis de la salud pública tiene como raíz la profunda desigualdad que hay en el sistema, el que impulsa a las personas a atenderse en el sistema privado, y es que los tiempos de espera prolongados son funcionales a la medicina de mercado.

Esta claro que a mayor número de pacientes en lista de espera, mayor será la proporción de la población que consultará en el sistema privado. Es así como las listas de espera son las que le dan vida a las clínicas privadas, ese es el negocio.

En este contexto, hemos presentado el proyecto de ley boletín 10807-11 el que busca que las clínicas deban aceptar los bonos FONASA como una forma de acortar la brecha de desigualdad que existe en salud. Sin embargo, sabemos que esta no es la solución de fondo.

Cabe destacar que el problema de las listas de espera en salud y la profunda desigualdad de clase no es nuevo, ya lo planteaba el Presidente Salvador Allende, médico de profesión, en su Plan de Salud, Atención Médica y Medicina Social elaborado el año 1964 y sistematizado en los cuadernos médicos del Colegio Médico de Chile.

Considero que es urgente lograr un gran acuerdo nacional en salud, que incorpore a las universidades públicas, a los hospitales públicos, a la sociedad civil, al gremio, al Gobierno y al Parlamento.

Necesitamos establecer una alianza con las universidades públicas y los hospitales públicos que forman médicos especialistas, a fin de que estos médicos no estén atados al irremediable destino de trabajar en el sistema de salud privado, producto de la gran deuda con que quedan los nuevos médicos tras estudiar la carrera.

Asimismo, la salud de primer nivel requiere incorporar especialistas capaces de detectar de forma temprana las enfermedades para asegurar su tratamiento.  En muchos países la clave para solucionar el problema ha sido la llegada de médicos especialistas a las comunidades, es decir, que los CESFAM cuenten con pediatras,  geriatras, ginecólogos, entre otros: la llamada salud comunitaria.

Del mismo modo, existen múltiples casos exitosos de telemedicina, donde médicos especialistas, a distancia y haciendo uso de la tecnología de la comunicación, pueden ver radiografías, escaners, exámenes, y por lo tanto, diagnosticar y resolver patologías de alta complejidad a kilómetros de distancia.

Del mismo modo, hemos propuesto, junto a más de 257 alcaldes de todo el país, la necesidad de flexibilizar la legislación para instaurar un programa con médicos chilenos titulados en el exterior y médicos extranjeros titulados en universidades reconocidas y en convenio. Esto, mientras vamos al fondo.

Creo que nuestras autoridades, no pueden seguir negando la crisis que afecta a la salud. Tenemos una Presidenta que es médica y pediatra, el rector de la Universidad de Chile que es médico, la Ministra y la Subsecretaria de Redes Asistenciales que son médicas. Es momento de que la capacidad y la sensibilidad sea más fuerte que la lógica mercantilista de un grupo de interés. Hace falta un nuevo juramento médico, no el hipocrático  en que se jura por antiguos dioses, sino uno en que se comprometa con la salud del pueblo chileno.

Es inaceptable que el Gobierno de turno, o sea cual sea el color político del que venga, permita que mantengamos cifras de más de un millón y medio de personas en lista de espera para atenderse con un médico especialista y más de doscientas mil esperando por una intervención quirúrgica.

Porque la pregunta es: ¿Qué debe pasar para que el Estado reconozca la crisis sanitaria y tome medidas estructurales?, por favor Ministra Castillo: detengamos esta matanza por omisión, las soluciones están en la mesa, de usted depende.

Alejandro Navarro Brain, senador de la República de Chile.

5 Comentarios

  1. Mira Navarro: compartimos profesión y a pesar de todo lo que se hace en Chile el deficit del sistema publico es una realidad permanente. No puedo dar mas ideas en este correo de 700 letras.Estoy de acuerdo en lo que planteas pero Chile necesita un programa país de unos diez años de duración para cambiar sus sistema público y hacerlo universal a todos los chilenos por igual.Recuerdo a Felipe Gonzalez en sus comienzos: “La enfermedad no debe ser motivo de la redistribución de la riqueza”.Ejemplos varios en Chile en que eso no se da,vayan ustedes a la puerta de cualquier clínica privada y lo constataran en directo

  2. Sólo agregar, dado que llamativamente el Senador Navarro no lo menciona, pese a que tema investigado por la Comisión DD.HH que el mismo preside en el Senado, el grueso de las 1.316 muertes en SENAME ocurrieron por nula o mala atención de Salud ¿Por qué no lo menciona Senador?

  3. Estimado Senador Navarro cuando hablen de Salud no se olviden del calamitoso estado de las BOCAS DE CHILE.existen 2 proyectos de Acuerdo esperando.1)TODAS LAS PRESTACIONES DENTALES AL SISTEMA DE LIBRE ELECCIÓN FONASA Y2) CREACIÓN DIRECCIÓN NACIONAL ODONTOLÓGICA MINISTERIAL Y SUB SECRETARÍA,CON UN FONASA DENTAL,EL 80% de los ciudadanos todavía no comen y ríen dignamente UNA VERGÚENZA NACIONAL
    LA GRAN REFORMA DE LA SALUD ES URGENTE Y LO DEBE REMEDIAR MEJORANDO EL SISTEMA MIXTO DE SALUD ACTUAL CONSIDERANDO QUE LA SALUD ES UN BIEN SOCIAL Y NO DE UN CONSUMISMO INMORAL Y ANTI ÉTICO DONDE EL POBRE NO SE ALIMENTA BIEN,SE ENFERMA Y MUERE Y EL QUE TIENE PLATA SE ARRUINA.
    Dr. Carlos Briede García.

    1. Suscribo lo dicho. Hoy en día abundan los dentistas, el equipamiento es relativamente mucho más barato que antaño y aún así Chile exhibe estadísticas deficientes en salud oral. En términos fiscales, el costo de tener más dentistas en las redes primarias y de incorporar al GES más prestaciones de salud oral, sería relativamente bajo.

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