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¿Abandono estatal de las cárceles en Chile?

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Diego Rochow

Investigador de Leasur

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Javiera Blanco

Ministra de Justicia y Derechos Humanos

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Carta de Diego Rochow

16 mayo 2016

“Durante más de dos décadas, tanto el Ejecutivo como el Legislativo han sido inoperantes frente a la realidad de los recintos penales. Y si ninguno de ambos poderes ha mostrado siquiera interés por modificar el estado de excepción que de facto existe en las unidades penales, resulta lógico que la judicatura adopte algún tipo de medida frente a la desidia de un mundo político sujeto a afanes electoralistas.”

Honorable ministra Blanco:

Como espero bien recuerde, durante el periodo en que José Antonio Gómez dirigió el Ministerio de Justicia, se suscitó una controversia con el poder judicial. Las SEREMIS comenzaron a rechazar la concesión de las «rebajas de condena» contempladas en la Ley 19.856/2003. Debido a la indebida discrecionalidad de la agencia ministerial, se retrasó la puesta en libertad de miles de internos que legalmente tenían derecho a estas rebajas. La situación fue revertida acertadamente por la judicatura, mediante el conocimiento y fallo de una serie de recursos de amparo que culminaron en mandatos que le exigieron al Ministerio respetar la norma. Gómez cuestionó el criterio del poder judicial. Señaló que atentaba contra la seguridad de las personas.

De manera análoga al actual titular de Defensa, usted ha señalado en diversos medios que la liberación anticipada de internos, producto de la concesión de la libertad condicional, es una «situación grave» que implica prácticamente «abrir una cárcel» y liberar indiscriminadamente a «delincuentes», todo lo cual afecta la «sensación de seguridad» de la ciudadanía. En consecuencia, usted le exigió al poder judicial que diera explicaciones respecto al aumento en la concesión de la medida.
¿Qué hay en común entre Gómez y usted? Ambos son abiertamente críticos al actuar del poder judicial frente a la liberación de internos y cuestionan la aplicación de las anquilosadas normas que regulan el régimen penitenciario nacional. Ambos prefieren sostener su rol de autoridad punitiva frente a la ciudadanía antes que reconocer que los internos son individuos que poseen derechos. Ambos desconocen la precaria, inhumana e indigna realidad de las cárceles en Chile.

Las medidas adoptadas por el poder judicial en la actual controversia se ajustan a las disposiciones legales. La judicatura no ha hecho más que abogar por el imperio de la legalidad y el resguardo de los derechos de la población penal, tal como en todo Estado democrático de derecho debe hacer. Además, los informes desfavorables respecto a la agenda corta antidelincuencia, el último reporte de visitas de cárceles de la Corte de Apelaciones de Santiago —respecto al cual usted no se pronunció— y la actual controversia en relación con la libertad condicional son pronunciamientos que pueden constituir un medio para comenzar a discutir con seriedad en torno al aparato carcelario.
Durante más de dos décadas, tanto el Ejecutivo como el Legislativo han sido inoperantes frente a la realidad de los recintos penales. Y si ninguno de ambos poderes ha mostrado siquiera interés por modificar el estado de excepción que de facto existe en las unidades penales, resulta lógico que la judicatura adopte algún tipo de medida frente a la desidia de un mundo político sujeto a afanes electoralistas.

Si usted, ministra Blanco, considera cuestionable el actuar del poder judicial, debiera aceptar a lo menos dos puntos. Primero, que la solución a los conflictos relativos al régimen penitenciario chileno pasa por instaurar una judicatura especializada en la ejecución de las penas. Y segundo, que si la liberación de internos según parámetros normativos le parece preocupante por motivos de seguridad, debiera reconocer que la prisión no es una institución que «rehabilite» a las personas y que el Estado chileno ciertamente ha fracasado en esta materia.

Creo que hasta ahora usted no ha hecho otra cosa que sostener un discurso abiertamente populista y complaciente con los medios. No ha dado cuenta a la comunidad de la aberrante situación de las cárceles y el régimen penitenciario del país. Esta actitud, en mi opinión, no se ajusta a lo que su labor ministerial le exige frente a la ciudadanía.

Cualquier respuesta que no se haga cargo de las carencias de la institucionalidad penitenciaria chilena demostrará que el discurso político-criminal del Gobierno, y en particular el suyo, estará siempre sujeto a la contingencia de su imagen pública y, por ende, será siempre condicional.

1 Comentario

  1. Sería un gesto democrático que la Ministra responda la carta de un ciudadano. No hacerlo significaría escudarse en la autoridad; cuando lo que se necesita es diálogo, que tanto hace falta a la hora de hablar sobre las cárceles del país.

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